Aproximación jurídico-criminológica del feminicidio: Voces desde el sistema penitenciario de Lima y Callao
Legal-Criminological Approach to Feminicide: Voices from the Lima and Callao Penitentiary System
DOI: http://doi.org/10.17981/juridcuc.21.1.2025.04
Fecha de Recepción: 2025/01/31. Fecha de Aceptación: 2025/04/09.
Yasmina Riega-Virú
Universidad Privada del Norte, Perú
Mario Ninaquispe-Soto
Universidad Privada del Norte, Perú
Alfonso Vargas-Murillo
Universidad Privada del Norte, Perú
Gilmer Alarcón Requejo
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Perú.
Para citar este articulo:
Riega, Y., Ninaquispe, M., Vargas, A. y Alarcón, G. (2025). Aproximación jurídico-criminológica del feminicidio: Voces desde el sistema penitenciario de Lima y Callao. Jurídicas CUC, 21(1), pp. 70-88. DOI: http://doi.org/10.17981/juridcuc.21.1.2025.04
Resumen
El feminicidio representa una de las manifestaciones más extremas de la violencia de género en el Perú, evidenciando persistentes estructuras de desigualdad que demandan un análisis profundo desde la perspectiva jurídico-criminológica. Esta investigación analiza las características y patrones del feminicidio a través de las experiencias y narrativas de internos en establecimientos penitenciarios de Lima y Callao. Se implementó un diseño metodológico mixto donde prevalece la investigación cualitativa, incluyendo análisis documental y entrevistas semiestructuradas a una muestra de 213 internos sentenciados y procesados por feminicidio. Los resultados revelan patrones significativos en el perfil de los perpetradores: 40.5% sostiene que “el hombre es superior a la mujer”, 70.3% proviene de familias con violencia preexistente, y 85.3% reportó consumo de sustancias psicoactivas. Sus narrativas evidencian mecanismos sistemáticos de justificación como la inversión de culpa (“ella me provocaba”) y la minimización del acto violento (“solo fue un empujón”). Se identificaron patrones de escalada desde agresiones verbales hasta físicas letales, con intensificación en frecuencia y severidad. Las dinámicas de control incluyen restricción espacial, manipulación económica y aislamiento social, operando simultáneamente para crear ciclos de dependencia y vulnerabilidad. El estudio contribuye a la comprensión del feminicidio desde la perspectiva de los perpetradores, proporcionando información valiosa para el desarrollo de políticas de prevención más efectivas. Se concluye que la prevención del feminicidio requiere un enfoque integral que combine intervenciones legales con transformaciones socioculturales profundas.
Palabras clave: Derechos de la mujer, violencia de género, crimen, sanción penal, administración de justicia.
Abstract
Feminicide represents one of the most extreme manifestations of gender violence in Peru, demonstrating persistent structures of inequality that demand deep analysis from a legal-criminological perspective. This research analyzes the characteristics and patterns of feminicide through the experiences and narratives of inmates in Lima and Callao penitentiary establishments. A mixed methodological design with qualitative predominance was implemented, including documentary analysis and semi-structured interviews with a sample of 213 inmates sentenced and processed for feminicide. Results reveal significant patterns in perpetrators’ profiles: 40.5% maintain that “men are superior to women,” 70.3% come from families with preexisting violence, and 85.3% reported psychoactive substance use. Their narratives evidence systematic justification mechanisms such as blame inversion (“she provoked me”) and minimization of violent acts (“it was just a push”). Escalation patterns were identified, progressing from verbal to lethal physical aggression, with intensification in frequency and severity. Control dynamics include spatial restriction, economic manipulation, and social isolation, operating simultaneously to create cycles of dependency and vulnerability. The study contributes to understanding feminicide from perpetrators’ perspectives, providing valuable insights for developing more effective prevention policies. It concludes that feminicide prevention requires a comprehensive approach combining legal interventions with deep sociocultural transformations.
Keywords: Women’s rights, gender violence, crime, criminal punishment, administration of justice
Introducción
La violencia letal contra las mujeres representa una de las violaciones más graves de los derechos humanos a nivel global, manifestándose como la expresión más extrema de las desigualdades estructurales de género. El feminicidio, definido por las Naciones Unidas como el asesinato de mujeres por razones de género, ha emergido como un concepto jurídico decisivo que busca visibilizar y confrontar esta forma específica de violencia (Turvey et al., 2022). En América Latina, región que ha liderado los esfuerzos legislativos para abordar esta problemática, dieciocho países han promulgado leyes que tipifican el feminicidio entre 2007 y 2022, estableciendo un precedente significativo en la respuesta judicial a la violencia de género (Padilla, 2022).
La histórica subordinación de la mujer frente a la figura del hombre originó el movimiento social y político feminista, que, en su búsqueda del reconocimiento de la igualdad y la equidad de género, promovió la firma de diversos instrumentos supranacionales (Bendezu, 2023). Entre estos se destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la Convención Interamericana de Bogotá (1957), la Convención sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer (1979), la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará (1994).
Estos acuerdos, junto con sentencias como la del caso “Campo Algodonero” contra el Estado de México, constituyen hitos que exigen a los Estados —incluido Perú— adoptar medidas para sancionar los actos que vulneran los derechos de las mujeres (Teneda & Dominguez, 2024). La Convención de Belém do Pará, en particular, promueve el seguimiento de su implementación, una exigencia que se ha traducido en la adopción del delito de feminicidio en las legislaciones de varios países, incluido Perú.
La evolución del tratamiento jurídico del feminicidio refleja una transformación significativa en la comprensión legal de la violencia contra las mujeres. Históricamente, los sistemas de justicia criminal han tendido a otorgar circunstancias atenuantes a los perpetradores masculinos, particularmente a través del uso de la defensa por “emoción violenta” en contextos de pareja íntima (Brunke, 2024). Sin embargo, el desarrollo del marco normativo en la región ha buscado desmantelar estas justificaciones legales tradicionales, aunque la implementación efectiva de estas leyes continúa enfrentando desafíos significativos.
La complejidad del fenómeno se evidencia en múltiples dimensiones. Los estudios recientes han identificado patrones de violencia escalada que preceden a estos crímenes, señalando oportunidades críticas para la prevención (Lima & De Oliveira, 2023). Además, la intersección con otros factores de vulnerabilidad, como la raza y la clase social, ha llevado a reconocer que ciertos grupos de mujeres enfrentan riesgos desproporcionados. En Brasil, por ejemplo, la investigación ha demostrado la necesidad de incorporar perspectivas decoloniales en el análisis del feminicidio, particularmente en relación con el asesinato de mujeres negras.
Los desafíos en la implementación de las leyes contra el feminicidio son particularmente evidentes en el contexto latinoamericano. En Guatemala, por ejemplo, a pesar de contar con una legislación específica desde 2008, los tribunales especializados continúan enfrentando obstáculos significativos en la aplicación práctica de estas normas (Beck & Stephen, 2021). Similar situación se observa en México y Colombia, donde el aumento en las tasas de violencia ha tenido un impacto diferencial en las mujeres, aunque el trasfondo discriminatorio de estos crímenes frecuentemente es invisibilizado por los actores institucionales (Londoño & González, 2020).
La pandemia de COVID-19 ha exacerbado estas problemáticas, intensificando las condiciones que propician la violencia de género. Los estudios realizados durante este período han revelado un incremento significativo en los casos de violencia doméstica y feminicidio, evidenciando las limitaciones de los sistemas de protección existentes (Calla-Colana et al., 2022). Esta situación ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta, particularmente en contextos de crisis.
Por otro lado, en el ámbito penitenciario, el análisis de los perpetradores ha revelado patrones complejos que requieren una comprensión más profunda para el desarrollo de intervenciones efectivas. La investigación forense ha identificado que el feminicidio frecuentemente involucra elementos de control y sentido de propiedad sobre las mujeres, manifestándose en contextos de discriminación de género culturalmente arraigada (Turvey et al., 2022). Este reconocimiento ha llevado a un creciente énfasis en la necesidad de abordar no solo los aspectos punitivos, sino también las raíces estructurales de la violencia de género.
La arquitectura institucional de la violencia de género, como señalan Menjívar & Walsh (2017), está profundamente arraigada en estructuras de desigualdad que trascienden el ámbito puramente legal. En Honduras, por ejemplo, la escalada de exclusión y desigualdad ha generado riesgos de seguridad cada vez mayores para las mujeres, tanto en sus hogares como en espacios públicos. Esta realidad subraya la necesidad de comprender el feminicidio no solo como un fenómeno criminal aislado, sino como parte de un continuo de violencia estructural.
La investigación sobre el feminicidio ha experimentado una notable evolución conceptual y jurídica en los últimos años. La impunidad persistente en casos de feminicidio, documentada por Walsh & Menjívar (2016) en Guatemala, refleja obstáculos sistémicos en el sistema de justicia. A pesar de la existencia de leyes específicas, la implementación efectiva se ve obstaculizada por factores como la falta de recursos, la corrupción institucional y la persistencia de prejuicios de género en el sistema judicial. Estos hallazgos sugieren que la mera existencia de legislación específica es insuficiente sin una transformación más profunda de las instituciones y prácticas judiciales. Un análisis comparativo de las legislaciones latinoamericanas realizado por García-Del Moral & Neumann (2019) revela cómo la criminalización del feminicidio en México y Nicaragua surgió de un proceso de activismo legal feminista que buscaba incrementar la responsabilidad estatal en la prevención y sanción de estos crímenes. Sin embargo, este proceso de reforma legal no está exento de controversias y desafíos en su implementación. Los estudios realizados en el sistema penitenciario han revelado dimensiones adicionales del problema. El análisis de los expedientes judiciales y las sentencias de tribunales del jurado, como el realizado por De Oliveira et al. (2020) en Brasil, muestra cómo la categoría de feminicidio se incorpora en la práctica judicial, revelando las tensiones entre las definiciones legales y su interpretación en los tribunales. Esta brecha entre la legislación y su aplicación práctica representa un desafío significativo para la efectividad de las políticas públicas en este ámbito.
Diversos estudios recientes (Brunke, 2024; Brodie, 2024; Stephen, 2024; Mobayed Vega, 2024; Luján Pinelo, 2024) han documentado la transformación desde los “crímenes pasionales” hacia la tipificación específica del feminicidio, señalando cómo persisten desafíos significativos en su implementación efectiva. Estas investigaciones subrayan la complejidad del fenómeno como manifestación extrema de las desigualdades estructurales de género, situándolo en la intersección de dimensiones jurídicas, sociales y políticas. Paralelamente, los análisis sobre patrones y factores de riesgo (Hellmann, 2025; Di Donna et al., 2024; Caroppo et al., 2024; Testoni et al., 2024; Burrascano et al., 2024) han identificado la interrelación entre indicadores socioeconómicos, antecedentes de violencia, abuso de sustancias y creencias patriarcales como elementos precipitantes del feminicidio, destacando la importancia de comprender estos factores para desarrollar estrategias de prevención efectivas.
En el ámbito de las respuestas institucionales, múltiples investigaciones (Malaj & Pali, 2024; Feghali, 2024) han analizado críticamente la efectividad de los mecanismos estatales, evidenciando tensiones entre enfoques punitivos y perspectivas abolicionistas, así como limitaciones sustanciales en la implementación de políticas públicas, particularmente en contextos de crisis como la pandemia COVID-19. Las dimensiones socioculturales y políticas del feminicidio han sido examinadas en profundidad por diversos autores (Forchieri, 2025; Mobayed Vega, 2025; Silva et al., 2024; Mendoza, 2024), quienes destacan cómo las narrativas sobre feminicidio han contribuido a la formación de sujetos colectivos feministas y al desarrollo de prácticas ciudadanas de documentación y resistencia frente a la violencia. Estos estudios revelan la importancia de abordar no solo las manifestaciones inmediatas del feminicidio, sino también las estructuras patriarcales y coloniales que lo sustentan, señalando la necesidad de aproximaciones que integren transformaciones legales con cambios socioculturales profundos.
Las investigaciones en contextos latinoamericanos (Stephen, 2024; Balutet, 2024; Eduardo Medeiros, 2024; Castillo-González, 2024; Feitosa, 2024) han documentado la particular relevancia del fenómeno en la región, donde movimientos feministas han impulsado significativamente su conceptualización y visibilización. Estos estudios revelan cómo las respuestas institucionales frecuentemente reproducen vulnerabilidades en poblaciones marginadas, mientras que las iniciativas ciudadanas y comunitarias emergen como espacios de resistencia y construcción de conocimiento alternativo. La comprensión del feminicidio desde perspectivas que integran análisis jurídico-criminológicos con aproximaciones socioculturales evidencia la necesidad de enfoques multidimensionales que aborden tanto los aspectos punitivos como las raíces estructurales de la violencia de género (Caroppo et al., 2024; Hellmann, 2025; Brunke, 2024).
El feminicidio en el Perú ha experimentado una evolución significativa tanto en su marco legal como en las respuestas institucionales. Mediante el artículo 2° de la Ley N° 30068 publicada el 18 de julio de 2013, el país dio un paso crucial al tipificar el feminicidio como delito autónomo en el Código Penal, modificándose en diversas oportunidades mediante las siguientes normas: la Ley N° 30323 publicada el 07 de mayo de 2015, el Decreto Legislativo N° 1323 publicado el 06 de enero de 2017, Ley N° 30819 publicada el 13 de julio de 2018, Ley N° 30819 publicada el 13 de julio de 2018, Decreto Legislativo N° 1368 publicado el 29 de julio de 2018, y Decreto de Urgencia N° 023-2020 publicado el 24 de enero de 2020.
En el año 2015, dicho marco legal fue fortaleciendo este marco mediante la Ley N° 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (Crisolo Maldonado et al., 2023). Este desarrollo normativo ha sido acompañado por la implementación de mecanismos institucionales especializados, destacando la creación de los Centros de Emergencia Mujer (CEM), que hasta la fecha han establecido más de 400 unidades en todo el territorio nacional, proporcionando servicios integrales de atención legal y psicológica a víctimas de violencia (Del Pino et al., 2022).
Sin embargo, las estadísticas recientes revelan la persistencia y gravedad del problema. En enero de 2024, se registró un alarmante incremento del 68% en casos de mujeres desaparecidas en comparación con diciembre de 2023, junto con 16 feminicidios confirmados, una muerte violenta y seis intentos de feminicidio en el mismo período (Defensoría del Pueblo, 2024). Estos datos evidencian que, a pesar de los avances normativos e institucionales, persisten desafíos significativos en la prevención y atención del feminicidio. La respuesta estatal se ha caracterizado por el desarrollo de un enfoque multidimensional que integra medidas legislativas, educativas y comunitarias, aunque enfrenta limitaciones presupuestarias y operativas que afectan su efectividad (Aguilar & Alza, 2023).
La investigación reciente ha comenzado a explorar también el papel de los medios de comunicación en la construcción social del feminicidio. De Freitas (2023) analiza cómo la cobertura mediática de estos casos tras la aprobación de la Ley de Feminicidio ha contribuido a una nueva comprensión del fenómeno, aunque persisten patrones problemáticos en la representación de la violencia contra las mujeres. Este aspecto resulta crucial para entender cómo se construyen y perpetúan las narrativas sociales sobre la violencia de género.
El presente estudio se sitúa en esta confluencia de perspectivas, buscando contribuir a la comprensión del feminicidio desde un enfoque que integra el análisis jurídico-criminológico con la realidad del sistema penitenciario. A través del examen de las voces y experiencias de los internos en establecimientos penitenciarios de Lima y Callao, se buscó profundizar en la comprensión de los factores que contribuyen a la perpetración de estos crímenes, con el objetivo de informar políticas públicas más efectivas para su prevención y sanción.
Metodológicamente, el estudio adoptó un diseño cualitativo con alcance interpretativo-descriptivo, complementado con elementos cuantitativos para la contextualización de los hallazgos. En esta aproximación metodológica mixta se captura tanto la complejidad de las narrativas individuales como los patrones más amplios en la población estudiada, reconociendo la naturaleza multifacética del fenómeno del feminicidio en el contexto penitenciario.
La investigación privilegió el análisis cualitativo de las narrativas de los internos, mientras se mantienen elementos cuantitativos descriptivos para caracterizar la población estudiada. Este enfoque responde a la necesidad de comprender las construcciones de significado y experiencias subjetivas de los participantes. La población sujeto de investigación, estuvo conformada por trecientos diecinueve (319) internos sentenciados y procesados por el delito de feminicidio en establecimientos penitenciarios de la Región Lima y Callao. De la totalidad de la población, se seleccionó una muestra de doscientos trece (213) participantes, donde se abordó un muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando criterios de accesibilidad y disposición a participar en el estudio.
Para la recolección de datos se emplearon dos técnicas principales: el análisis documental y las entrevistas semiestructuradas. El análisis documental incluyó una revisión sistemática de expedientes judiciales, sentencias y documentación penitenciaria, permitiendo construir un perfil detallado de cada caso. Las entrevistas semiestructuradas se realizaron mediante una guía de entrevista de 76 preguntas que combinaba elementos cerrados para datos factuales y abiertos para capturar narrativas personales, facilitando así una comprensión profunda de las experiencias y percepciones de los participantes.
El proceso analítico adoptó un enfoque integral que combina el análisis cualitativo de narrativas con elementos cuantitativos descriptivos. El análisis cualitativo se centró en la codificación temática de las narrativas y la identificación de patrones emergentes, mientras que el componente cuantitativo facilitó la caracterización sociodemográfica y el análisis de patrones en la población estudiada. Esta aproximación dual permite una comprensión más completa del fenómeno, contextualizando las experiencias individuales dentro de patrones más amplios observables en la población penitenciaria.
Discusión
Perfil Sociodemográfico y Características de los Perpetradores
El análisis de los datos recolectados revela patrones significativos en las características sociodemográficas, dinámicas familiares y factores asociados a la comisión del feminicidio entre los internos estudiados. La presentación de estos hallazgos se organiza en torno a las dimensiones principales identificadas en el estudio, integrando tanto los datos cuantitativos como las narrativas cualitativas recopiladas.
Dentro de las características relevantes del perfil de los reos mayores de 18 años que cometieron delito de feminicidio, se evidencia la mayor proveniencia de reos del centro penitenciario Castro-Castro (52.2%), edades comprendidas entre 30 a 40 años (33.2 %); proveniencia del departamento de Lima (46.1 %); nacionalidad peruana (97.4 %); ocupación antes de ingresar al penal fue empleado (33.6 %); nivel educativo secundaria incompleta (32.8 %); no pertenecen a las fuerzas armadas ni policiales (83.2 %); solteros (40.5 %); tuvieron 2 parejas (30.6 %); no padece de ninguna enfermedad (80.2 %); en su casa todos tienen claro que el hombre es quien debe mantener la familia (40.1 %); considera que el hombre es superior a la mujer (40.5 %); afirma que sí existió violencia en su familia de origen (70.3 %); el padre es quien ejercía la violencia (83.6 %) de tipo psicológica (78 %); entre otras características.
La concentración de casos en el grupo etario de 30 a 40 años (33.2%) sugiere un período de vida crítico para la manifestación de conductas violentas extremas. Este hallazgo coincide con investigaciones previas en otros contextos latinoamericanos que identifican esta franja etaria como particularmente vulnerable para la comisión de delitos contra la pareja íntima (Londoño & González, 2020).
Un aspecto particularmente revelador es el nivel educativo predominantemente bajo, con un 32.8% de los internos presentando educación secundaria incompleta. Este dato adquiere especial relevancia cuando se considera en conjunto con las creencias patriarcales identificadas: un 40.1% sostiene que “el hombre es quien debe mantener la familia” y un 40.5% considera que “el hombre es superior a la mujer”. Estas actitudes reflejan una arquitectura de la violencia de género, donde las desigualdades estructurales se entrelazan con creencias culturales profundamente arraigadas (Menjívar & Walsh, 2017).
El 70.3% de los internos proviene de familias donde existió violencia, con el padre como principal agresor en el 83.6% de los casos. La predominancia de la violencia psicológica (78%) en estos entornos familiares sugiere un proceso de normalización de la violencia como mecanismo de control, consistente con los hallazgos de Streva (2022) sobre la reproducción de patrones de violencia estructural.
Las circunstancias que rodean la comisión del delito revelan patrones significativos en cuanto a los factores precipitantes y el modus operandi. Los resultados muestran que la situación jurídica de los reos sentenciados (50.4 %); cometieron delito de feminicidio en tentativa (50.9 %); hubieron actos violentos anteriormente (65.9 %); los motivos de discusión con la víctima fue los celos y la infidelidad (38.79 %); el vínculo con la víctima fue conviviente (54.3 %); no se evidencia denuncia por parte de la agraviada (62.9 %); se evidencia lesión por parte de la víctima (49.6 %); la víctima no estaba gestando (92.2 %) ni acompañada de niño (76.7 %); no utilizó armas (62.1 %) ni cuentan con licencia para tenerlas (88.8%); el delito se cometió utilizando el cuchillo y las manos (49.6%); el motivo del delito fue el adulterio (42.7 %) y; no sabía que la conducta tenía sanción penal (52.2 %); entre otras.
Un hallazgo preocupante es que los celos y la infidelidad emergieron como los motivos principales de discusión (38.79%). Estos datos resuenan con los hallazgos de Lima & De Oliveira (2023) sobre los patrones de riesgo identificables en casos de feminicidio. La naturaleza de la relación víctima-victimario merece especial atención, con un 54.3% de los casos involucrando a convivientes. Más preocupante aún es que en el 62.9% de los casos no existían denuncias previas por parte de la víctima, lo que sugiere fallos significativos en los sistemas de detección temprana y prevención. Este patrón de ausencia de denuncias previas coincide con lo observado por Turvey et al. (2022) respecto a las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia.
Los patrones de comportamiento post-delito también revelan aspectos significativos sobre la dinámica del feminicidio. La entrega voluntaria, reportada en el 39.2% de los casos, junto con el desconocimiento manifestado por el 52.2% de los internos sobre las sanciones penales asociadas al feminicidio, sugiere una compleja interacción entre la conciencia moral y el desconocimiento del marco legal. Estos hallazgos dialogan con la investigación de De Oliveira et al. (2020) sobre la incorporación de la categoría de feminicidio en la práctica judicial y la comprensión social de estos crímenes.
La relación entre violencia previa y feminicidio emerge como un patrón crítico en el estudio. El 65.9% de los casos presentó actos violentos anteriores al feminicidio, lo que subraya la naturaleza escalonada de la violencia de género. Este dato es particularmente relevante cuando se considera junto con el análisis de Lima & De Oliveira (2023) sobre patrones de riesgo en reportes policiales que preceden a los feminicidios, sugiriendo oportunidades cruciales para la intervención preventiva.
Un aspecto particularmente revelador del estudio es la intersección entre el consumo de sustancias y la violencia letal. El análisis muestra que el 85.3% de los internos reportó haber consumido marihuana, pasta base o cocaína, con un 63.4% bajo la influencia de estas sustancias al momento del delito. Sin embargo, es importante notar que solo el 25.9% había recibido algún tipo de tratamiento psiquiátrico, lo que señala una brecha significativa en la atención de salud mental y adicciones como factor de prevención.
Las consecuencias del delito pueden apreciarse en la Figura 1:
Figura 1. Distribución de los reos según estado de las víctimas
(Elaboración propia, 2024)
Estos datos muestran un patrón donde el 52.16% de los casos resultó en lesiones y el 35.34% en muerte, con un 12.50% presentando otros tipos de daños. Esta distribución sugiere diferentes niveles de intencionalidad y circunstancias situacionales que merecen un análisis más detallado en términos de prevención y tipificación legal.
Por otro lado, el análisis cualitativo de las entrevistas realizadas a los internos revela patrones discursivos significativos que permiten profundizar en la comprensión del fenómeno del feminicidio. Los hallazgos se organizan en las siguientes categorías temáticas:
Narrativas de Justificación y Minimización
El análisis de las entrevistas reveló patrones complejos de justificación y minimización que los perpetradores emplean para racionalizar sus actos de violencia. Estos patrones incluyen: (1) la inversión de culpa, donde responsabilizan a la víctima por provocar la agresión; (2) el uso de eufemismos que minimizan la gravedad del acto violento; (3) la construcción de narrativas de provocación que presentan la violencia como respuesta inevitable; (4) la contextualización selectiva que aísla el acto violento de un patrón más amplio; y (5) la atribución de la violencia a factores externos como el alcohol o las drogas. Estas narrativas no son meras explicaciones post-facto, sino que representan estructuras discursivas profundamente arraigadas que reflejan y reproducen desigualdades de género sistémicas.
Los perpetradores frecuentemente construyen narrativas que invierten la dinámica de responsabilidad. En el Centro Penitenciario de Chincha, cuando se consultó sobre si recibieron algún agravio previo por parte de la víctima, un interno responde: “ella me provocaba constantemente, sabía cómo hacerme enojar” (Entrevista 3, CP Chincha). Otro recluso afirma: “ella me metió un cuchillo por la espalda primero, yo solo respondí” (Entrevista 7, CP Chincha). Estas narrativas reflejan un patrón sistemático de desplazamiento de la responsabilidad hacia la víctima.
Las narrativas de justificación y minimización documentadas en las entrevistas revelan patrones sistemáticos en cómo los perpetradores construyen y articulan sus explicaciones sobre el feminicidio. La inversión de culpa, donde los agresores presentan sus acciones como respuestas “inevitables” a las conductas de las víctimas, refleja lo que Brunke (2024) ha identificado como un patrón persistente en los sistemas de justicia criminal, donde históricamente se han otorgado circunstancias atenuantes a los perpetradores masculinos, particularmente a través del uso de la defensa por “emoción violenta” en contextos de pareja íntima.
Se identificó un uso consistente de eufemismos y construcciones lingüísticas que reducen la gravedad del acto violento. Expresiones como “solo fue un empujón” (Entrevista 12, CP Castro Castro) o “se me fue la mano” (Entrevista 15, CP Lurigancho) ilustran este mecanismo de minimización. La elección de palabras sirve como herramienta para reconstituir el acto violento como un incidente menor o accidental.
El uso sistemático de eufemismos y construcciones lingüísticas minimizadoras por parte de los perpetradores (“solo fue un empujón”, “se me fue la mano”) encuentra eco en los hallazgos de De Oliveira et al. (2020) sobre cómo estas narrativas de minimización no son simplemente justificaciones individuales, sino que reflejan y reproducen patrones más amplios de cómo se procesa y entiende la violencia contra las mujeres en contextos institucionales. La consistencia en estas narrativas de minimización sugiere un proceso de normalización de la violencia que trasciende casos individuales.
Un tema recurrente en las entrevistas es la construcción de narrativas de provocación, donde los perpetradores presentan sus acciones como respuestas inevitables a comportamientos de la víctima. “Cualquier hombre hubiera reaccionado igual” (Entrevista 18, CP Castro Castro), evidencia cómo estas justificaciones se entrelazan con nociones tradicionales de masculinidad y honor.
Las narrativas de provocación identificadas en nuestro estudio, donde los perpetradores presentan sus acciones como respuestas a comportamientos de la víctima (“cualquier hombre hubiera reaccionado igual”), se alinean con lo que se ha identificado como patrones recurrentes en la construcción narrativa de la violencia contra las mujeres. Estas justificaciones no son meramente explicativas, sino que funcionan como mecanismos activos de legitimación de la violencia.
Los internos frecuentemente presentan narrativas altamente selectivas del contexto que rodea al feminicidio. “Ese día todo salió mal” (Entrevista 22, CP Lurigancho) o “nunca antes había pasado algo así” (Entrevista 25, CP Chincha) son ejemplos de cómo se aísla el acto violento de patrones más amplios de control y abuso.
Un hallazgo particularmente significativo es cómo los perpetradores emplean la contextualización selectiva para aislar el acto violento de patrones más amplios de control y abuso. La tendencia a presentar el feminicidio como un evento aislado (“ese día todo salió mal”, “nunca antes había pasado algo así”) contrasta con los hallazgos de De Freitas (2023), que demuestran cómo estas narrativas de excepcionalidad persisten incluso después de la implementación de marcos legales específicos contra el feminicidio.
Se identificó un patrón consistente de atribución de la violencia a factores externos como el alcohol, las drogas o el estrés económico. “Cuando tomo me transformo” (Entrevista 28, CP Castro Castro) ejemplifica cómo estos factores se utilizan para construir una narrativa de disociación entre el perpetrador y sus actos.
La apelación a factores externos (alcohol, drogas, estrés económico) como justificación revela un patrón donde la responsabilidad personal se diluye en favor de explicaciones circunstanciales. Este mecanismo de desplazamiento de la responsabilidad se refleja en cómo los perpetradores construyen lo que Streva (2022) identifica como narrativas que contribuyen a la reproducción de la violencia estructural e institucional.
Las narrativas de justificación no operan en el vacío, sino que se conectan con estructuras sociales más amplias de desigualdad de género. Como señala un interno: “en mi casa siempre fue así, mi padre hacía lo mismo” (Entrevista 31, CP Lurigancho), evidenciando la transmisión intergeneracional de patrones de violencia y sus justificaciones asociadas.
La transmisión intergeneracional de patrones de violencia, evidenciada en declaraciones como “en mi casa siempre fue así, mi padre hacía lo mismo”, sugiere la persistencia de lo que Capitanio y Budó (2020) identifican como estructuras patriarcales que generan y legitiman la violencia contra las mujeres. Estas justificaciones no son solo expresiones individuales sino manifestaciones de patrones culturalmente arraigados de legitimación de la violencia.
Patrones de Escalada de Violencia
El análisis cualitativo de las entrevistas revela patrones sistemáticos de escalada en la violencia que precede al feminicidio, manifestando una progresión identificable desde formas “menores” de agresión hasta el acto letal. Esta escalada no es aleatoria, sino que sigue patrones reconocibles que podrían servir como señales de alerta temprana.
Los relatos evidencian una intensificación gradual de la violencia física. Como describe un interno del CP Lurigancho: “Al principio eran solo empujones, luego fueron golpes, hasta que un día...” (Entrevista 42, CP Lurigancho). Otro recluso narra: “Primero fueron insultos, después cachetadas, al final ya no me podía controlar” (Entrevista 38, CP Castro Castro), evidenciando la progresión desde la violencia verbal hasta la física letal.
Los patrones de escalada de violencia identificados en las narrativas de los internos revelan una progresión sistemática que sigue secuencias reconocibles y predecibles, donde cada etapa representa una oportunidad perdida para la intervención preventiva. Esta progresión predecible sugiere que existen puntos críticos de intervención que podrían prevenir el desenlace fatal (Lima & De Oliveira, 2023).
Se identificó un patrón de control incremental sobre la víctima. Un interno relata: “Comenzó con revisarle el celular, luego no la dejaba salir sola, hasta que ya quería controlar todo” (Entrevista 45, CP Chincha).
El establecimiento gradual de control sobre la víctima, evidenciado en narrativas como esta demuestra cómo la violencia se ha convertido en una forma culturalmente aceptada de ejercer dominio en las relaciones íntimas. Esta normalización de mecanismos de control progresivo representa un desafío significativo para la prevención e intervención temprana (Pereira et al., 2021).
La evolución desde formas aparentemente “menores” de violencia hacia actos cada vez más severos, documentada en expresiones como “Al principio eran solo empujones, luego fueron golpes” (Entrevista 42, CP Lurigancho), refleja un patrón sistemático que se intensifica con el tiempo. Los testimonios revelan una aceleración en la frecuencia de los episodios violentos. “Al principio pasaban meses entre las peleas, luego semanas, al final era todos los días” (Entrevista 51, CP Castro Castro). Esta aceleración coincide con lo que Brunke (2024) identifica como “compresión temporal de la violencia”.
Particularmente alarmante es la compresión temporal de los ciclos de violencia. Las narrativas revelan una aceleración sistemática. Esta intensificación en la frecuencia señala un punto crítico donde la intervención se vuelve urgente, aunque paradójicamente más difícil por la normalización de la violencia en el contexto institucional (De Oliveira et al., 2020).
Se identificaron patrones de violencia ritual que precedían a los actos más graves. “Siempre empezaba igual, con los celos, luego los gritos...” (Entrevista 55, CP Lurigancho). Particularmente alarmante es la compresión temporal de los ciclos de violencia. Las narrativas revelan una aceleración sistemática. Esta intensificación en la frecuencia señala un punto crítico donde la intervención se vuelve urgente, aunque paradójicamente más difícil por la normalización de la violencia en el contexto institucional (De Oliveira et al., 2020).
Los relatos frecuentemente mencionan señales de advertencia que fueron desestimadas. “Ella me denunció varias veces, pero siempre volvíamos” (Entrevista 58, CP Castro Castro). Las advertencias ignoradas representan un patrón recurrente y preocupante. Estas señales desatendidas subrayan la importancia crítica del diagnóstico temprano y la necesidad de fortalecer la respuesta institucional a las denuncias iniciales de violencia.
Los momentos de transición en la relación -intentos de separación, embarazos, cambios laborales- emergen consistentemente como puntos de escalada críticos. Esta observación sugiere la necesidad urgente de coordinación entre diferentes iniciativas estatales para proporcionar protección específica durante estos períodos de vulnerabilidad aumentada (Gherardi, 2016).
Los hallazgos subrayan que la escalada de violencia que precede al feminicidio no es caótica ni impredecible, sino que sigue patrones reconocibles que podrían servir como base para intervenciones preventivas más efectivas. El desarrollo de respuestas institucionales más efectivas requiere una comprensión profunda de estos patrones de escalada para interrumpir el ciclo de violencia antes de su desenlace fatal (Macaulay, 2021).
La progresión sistemática de la violencia documentada en las narrativas sugiere la necesidad de un enfoque integral que reconozca y responda a las señales tempranas de escalada. Las intervenciones deben abordar no solo las manifestaciones físicas de violencia sino también los patrones de control y dominación que las preceden y facilitan. Solo a través del reconocimiento y la respuesta efectiva a estos patrones de escalada se podrá desarrollar una estrategia verdaderamente preventiva contra el feminicidio.
Dinámica de Control y Poder
El análisis cualitativo revela que las dinámicas de control y poder en casos de feminicidio no son simples manifestaciones de dominación física, sino sistemas complejos de control que operan en múltiples niveles, desde lo microsocial hasta lo estructural.
Los relatos revelan patrones sistemáticos de restricción espacial. “No quería que saliera sola, tenía que saber dónde estaba todo el tiempo” (Entrevista 65, CP Castro Castro). Las dinámicas de control y poder reveladas en las narrativas de los internos muestran patrones sistemáticos que operan en múltiples niveles, desde el control directo sobre la movilidad física hasta formas más sutiles de dominación económica y social. Estas manifestaciones de control no son actos aislados sino expresiones de estructuras más amplias de desigualdad que facilitan y normalizan la violencia extrema contra las mujeres (Menjívar & Walsh, 2017).
El control sobre el espacio y la movilidad revela cómo la restricción física se convierte en una herramienta fundamental de dominación. Esta territorialización del control refleja un sistema más amplio donde las desigualdades estructurales se materializan en prácticas cotidianas de vigilancia y restricción (Londoño & González, 2020).
La manipulación económica emerge como una herramienta de control recurrente. “Le daba el dinero contado, así dependía de mí” (Entrevista 68, CP Lurigancho). Esta forma de dominación económica se entrelaza con vulnerabilidades socioeconómicas más amplias, creando ciclos de dependencia que dificultan el escape de situaciones violentas (Grant, 2021).
Los perpetradores describen patrones sistemáticos de aislamiento social: “No me gustaba que hablara con su familia, ellos la ponían en mi contra” (Entrevista 71, CP Chincha). opera como una estrategia deliberada que busca erosionar las redes de apoyo de la víctima. Este patrón de aislamiento se intensifica particularmente durante períodos de crisis, como se ha evidenciado durante la pandemia, cuando los mecanismos tradicionales de apoyo se vieron severamente limitados (Calla-Colana et al., 2022).
Las narrativas revelan un patrón de control sobre la autonomía sexual y reproductiva: “Se embarazó sin mi permiso” (Entrevista 74, CP Castro Castro). El control sobre la sexualidad y reproducción emerge como un ámbito particularmente significativo de dominación. Las narrativas revelan cómo las decisiones sobre el cuerpo de la mujer se convierten en espacios de conflicto donde se materializa el poder patriarcal. Este control se legitima a través de tradiciones y prácticas que históricamente han limitado los derechos de las mujeres (Bekyashev & Sheremet, 2023).
Un patrón emergente es el uso de tecnología para el control: “Le revisaba el celular todos los días, tenía que saber con quién hablaba” (Entrevista 77, CP Lurigancho), manifestando una suerte de panóptica digital doméstico (Padilla, 2022). Los perpetradores frecuentemente enmarcan el control como protección: “Lo hacía por su bien” (Entrevista 80, CP Castro Castro), “El mundo es peligroso para una mujer sola” (Entrevista 83, CP Lurigancho).
Las narrativas de protección utilizadas para justificar el control ilustran cómo el ejercicio del poder se enmascara bajo discursos aparentemente benevolentes. Esta dinámica refleja estructuras más profundas donde la violencia institucional y estructural se reproduce a través de justificaciones culturalmente aceptadas (Walsh & Menjívar, 2016).
Las justificaciones esbozadas por los perpetradores frecuentemente apelan a normas culturales: “Así debe ser un hombre, debe cuidar lo suyo” (Entrevista 86, CP Chincha) “En mi familia siempre ha sido así” (Entrevista 89, CP Castro Castro). Las justificaciones culturales del control revelan la persistencia de estructuras patriarcales que legitiman la violencia como forma de ejercicio del poder masculino. Estas narrativas no son meras justificaciones individuales sino manifestaciones de un sistema más amplio que normaliza el control sobre los cuerpos y vidas de las mujeres (do Nascimento & Ribeiro, 2020).
La intersección entre diferentes formas de control revela un sistema coherente de dominación que opera simultáneamente en múltiples niveles. El control económico facilita el aislamiento social, que a su vez intensifica la dependencia económica, creando ciclos de vulnerabilidad que se refuerzan mutuamente. Esta interconexión de mecanismos de control refleja lo que se ha identificado como la arquitectura institucional de la violencia de género (Streva, 2022).
Las narrativas de protección utilizadas para justificar el control (“Lo hacía por su bien” - Entrevista 89, CP Castro Castro) ilustran cómo el ejercicio del poder se enmascara bajo discursos aparentemente benevolentes. Esta dinámica refleja estructuras más profundas donde la violencia institucional y estructural se reproduce a través de justificaciones culturalmente aceptadas (Walsh & Menjívar, 2016).
La persistencia de estos patrones de control, incluso después de la implementación de marcos legales específicos contra el feminicidio, sugiere que las intervenciones puramente legales son insuficientes. Se requiere una transformación más profunda que aborde no solo las manifestaciones individuales de control sino también las estructuras sociales y culturales que las sostienen y legitiman (Capitanio & Budó, 2020).
Conclusión
La investigación realizada en los establecimientos penitenciarios de Lima y Callao revela patrones complejos y multidimensionales en la perpetración del feminicidio. El perfil predominante de los agresores muestra una confluencia de factores sociodemográficos críticos, destacando la concentración de casos en el grupo etario de 30-40 años, con niveles educativos predominantemente bajos y una marcada presencia de creencias patriarcales que normalizan la violencia contra la mujer. La prevalencia de antecedentes de violencia familiar en los hogares de origen de los perpetradores sugiere una transmisión intergeneracional de patrones violentos que requiere atención urgente en las políticas de prevención.
Las narrativas de justificación y los patrones de escalada de violencia documentados en el estudio revelan una progresión sistemática desde formas aparentemente menores de agresión hasta el acto letal. Esta progresión no es aleatoria, sino que sigue secuencias identificables que podrían servir como puntos de intervención críticos para la prevención del feminicidio. El uso generalizado de sustancias psicoactivas como factor precipitante, junto con la baja incidencia de tratamiento psiquiátrico previo, señala una brecha significativa en la atención de salud mental como componente preventivo.
Los mecanismos de control y poder ejercidos por los perpetradores operan en múltiples niveles, desde la restricción física hasta formas más sutiles de dominación económica y social. La intersección entre diferentes formas de control revela un sistema coherente de dominación que se refuerza mutuamente y se legitima a través de justificaciones culturales profundamente arraigadas. La persistencia de estos patrones, incluso después de la implementación de marcos legales específicos, sugiere que las intervenciones puramente jurídicas son insuficientes para abordar la complejidad del fenómeno del feminicidio.
La investigación subraya la urgente necesidad de desarrollar un enfoque integral que combine intervenciones legales con transformaciones socioculturales profundas. Las políticas de prevención deben abordar no solo las manifestaciones inmediatas de violencia sino también las estructuras subyacentes que perpetúan la desigualdad de género y normalizan el control sobre las mujeres. Este enfoque debe incluir el fortalecimiento de los sistemas de detección temprana, la mejora en la coordinación interinstitucional y la implementación de programas efectivos de rehabilitación en el contexto penitenciario.
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FINANCIAMIENTO
Este artículo no recibió financiación
CONFLICTO DE INTERES
Los autores declaran que no existe conflicto de interés
CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA
Conceptualización, ideas y la evolución del diseño del trabajo: “Yasmina Riega-Virú”
- Obtención, revisión y análisis de los datos o categorías: “Mario Ninaquispe-Soto”
- Escritura y presentación del artículo: “Alfonso Renato Vargas-Murillo”
- Revisión crítica del contenido del manuscrito: “Gilmer Alarcón Requejo”
BIODATA
Yasmina Riega-Virú
Doctora en Derecho por la Universidad Alas Peruanas. Máster en Política Criminal por la Universidad de Salamanca. Magíster en Derecho Penal y Abogada por la Universidad Nacional Federico Villareal. Jefe de Investigación Derecho y Comunicaciones, Universidad Privada del Norte, Lima-Perú
Mario Ninaquispe-Soto
Doctor en Estadística por la Universidad San Pedro. Licenciado en Investigación Operativa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Docente, Universidad Privada del Norte, Lima-Perú
Alfonso Vargas-Murillo
Candidato a Doctor en Historia por la Universidad de Tarapacá. Máster en Gobernanza Global y Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Magíster en Historia por la Universidad de Tarapacá. Abogado por la Universidad Privada de Tacna. Bachiller en Historia por la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Docente Investigador de la Facultad de Derecho, Universidad Priva del Norte, Lima-Perú
Gilmer Alarcón Requejo
Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Docente de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque-Perú.