MARCO JURÍDICO PARA LA SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO: FACTORES DE INCLUSIÓN FINANCIERA SOSTENIBLE

LEGAL FRAMEWORK FOR THE SUPERVISION OF THE ECUADORIAN FINANCIAL SYSTEM: FACTORS FOR SUSTAINABLE FINANCIAL INCLUSION

DOI: https://doi.org/10.17981/juridcuc.21.1.2025.05

Fecha de Recepción: 2025/02/21 Fecha de Aceptación: 2025/05/05

Armando José Urdaneta Montiel $E:\Users\aromero17\Downloads\orcid_16x16.png$

Universidad Metropolitana del Ecuador, Ecuador

aurdaneta@umet.edu.ec

Rosana A. Meleán Romero $E:\Users\aromero17\Downloads\orcid_16x16.png$

Universidad del Zulia, Venezuela

rosanamelean@gmail.com

Kléber Antonio Luna Altamirano $E:\Users\aromero17\Downloads\orcid_16x16.png$

Universidad Católica de Cuenca, Ecuador

klunaa@ucacue.edu.ec

Delsi Mariela Huaita Acha $E:\Users\aromero17\Downloads\orcid_16x16.png$

Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Perú

delsi.huaita@uigv.edu.pe

Para citar este articulo:

Urdaneta, A., Meleán, R., Luna, K. y Huaita, D. (2025). Marco jurídico para la supervisión del sistema financiero ecuatoriano: factores de inclusión financiera sostenible. Jurídicas CUC, 21(1), pp.89-104 DOI: https://doi.org/10.17981/juridcuc.21.1.2025.05

Resumen

La inclusión financiera en Ecuador destaca un avance moderado y áreas de oportunidad. Indicadores reflejan el conocimiento sobre el marco regulatorio y la supervisión del sistema financiero, con un promedio de 74.05%. Se analiza la inclusión financiera sostenible, apoyados en el marco regulatorio como elemento esencial en este sector. La investigación es de enfoque cuantitativo, con un nivel descriptivo, no experimental y de campo. Aunque existe un conocimiento aceptable de normativas clave, la implementación de programas de acceso financiero muestra resultados moderados, con un promedio de 63.93%. La estrategia integral de inclusión financiera enfrenta desafíos jurídicos tanto para instituciones del sector público como el privado. La educación financiera es necesaria para conocer áreas y requisitos críticos que requieren ser atendidos como parte del apego a la normativa existente que permite acceder a productos y servicios. A pesar de los esfuerzos significativos, se necesita un enfoque coordinado y efectivo para lograr una inclusión financiera sostenible y efectiva que se gesta en el marco de un sistema regulatorio altamente exigente.

Palabras clave: Marco jurídico, inclusión, sistema financiero, protección, consumidor.

Abstract

Financial inclusion in Ecuador shows moderate progress and areas of opportunity. Indicators reflect knowledge of the regulatory framework and supervision of the financial system, with an average of 74.05%. Sustainable financial inclusion is analyzed, based on the regulatory framework, as an essential element in this sector. The research is quantitative, descriptive, non-experimental, and field-based. Although there is an acceptable knowledge of key regulations, implementing financial access programs shows moderate results, with an average of 63.93%. The comprehensive financial inclusion strategy faces legal challenges for public and private sector institutions. Financial education is necessary to understand critical areas and requirements that need to be addressed as part of adhering to existing regulations that allow access to products and services. Despite significant efforts, a coordinated and effective approach is needed to achieve sustainable and effective financial inclusion that takes place within the framework of a highly demanding regulatory system.

Keywords: Legal framework, inclusion, financial system, protection, consumer.

INTRODUCCIÓN

En Ecuador, existe un marco regulatorio robusto alineado con la inclusión sostenible de instituciones en el ámbito financiero. Su rol es esencial para el avance económico-social, manejando significativas cantidades de dinero procedentes de captaciones de clientes en sus diversas modalidades, canalizados vía préstamos hacia diferentes sectores económicos del país (Ordoñez, Luna & Melean, 2024).

Este marco normativo, contiene leyes, regulaciones y directrices a las cuales se pliegan las operaciones monetarias y financieras. Precisa elementos para la creación, operación y cierre de instituciones financieras, y establece regulaciones para la emisión de moneda, obligaciones de reservas, política monetaria entre otros. Representa la base legal fundamental para asegurar estabilidad, transparencia y operatividad del sistema financiero (Asamblea Nacional del Ecuador, 2018).

El sistema normativo ecuatoriano, se compone de textos legislativos integrales necesarios para regular actividades económicas y financieras vinculadas con el desarrollo de procesos requeridos para emprender, innovar, planificar, así como también para gestionar las finanzas, las operaciones de producción, el comercio y las inversiones. La legislación en cualquier país del mundo, sus principios y normas guían el sector financiero, sus operaciones, procedimientos y decisiones, monitoreando procesos de evaluación crediticia, riesgos y préstamo (Asamblea Nacional del Ecuador, 2018).

Precisando algunos documentos legales específicos, resaltan la Ley General de Instituciones Financieras (2012), Ley de compañías (2020), Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación (2020); Código Orgánico Monetario y Financiero [COMF] (2022), Código orgánico de planificación y finanzas públicas (2011), Código orgánico de la producción, comercio e inversiones (2010), por nombrar los más representativos. Todas facilitan el establecimiento y la operatividad de entidades financieras, al tiempo que garantizan la protección del consumidor y la estabilidad del mercado.

Este marco jurídico es importante para fomentar un entorno propicio que permita el crecimiento de pymes y nuevas empresas, ambas vitales para propiciar e incrementar el desarrollo económico (Urdaneta & Zambrano, 2024). Un marco regulatorio equilibrado es esencial para promover la inclusión sostenible de las empresas en el sistema financiero y garantizar la accesibilidad a la financiación, apoyando el crecimiento de empresas emergentes con contribuciones al desarrollo económico y social de las naciones (Moya et al., 2024).

En conjunto con el marco normativo ecuatoriano, se definen políticas públicas para el desarrollo socioeconómico sostenible (Roth, 2009; Benavides, 2015), estas se orientan a promover y facilitar el acceso al crédito y promueven tecnologías financieras con impactos favorables en el crecimiento y desarrollo empresarial. La innovación financiera y la adaptación tecnológica son fundamentales para mejorar la sostenibilidad de las Pymes en países en desarrollo. Junto con el apoyo gubernamental y políticas adecuadas, se fomenta la inversión y el crecimiento.

Las políticas públicas de inclusión impulsan la expansión de los servicios financieros de manera segura, y de la mano con elementos normativos y regulatorios, se constituyen elemento central para diseñar estrategias que fortalezcan la adquisición de créditos por parte de empresas, especialmente las pymes. Estas políticas en armonía con el marco legal se valen de estrategias para promover el crecimiento equilibrado entre el ambiente, el entorno socioeconómico del país y sus instituciones, siendo un escenario propicio para la obtención de efectos positivos para las partes involucradas (Estado, individuo, colectividad, sistema financiero, instituciones).

Los reguladores están orientados principalmente a controlar el riesgo sistémico y proteger los depósitos, equilibrando la innovación y la protección del sistema financiero, lo que, si bien es importante para la estabilidad, no siempre facilita la inclusión activa de sectores no bancarizados o de bajos ingresos (Mushtaq & Bruneau, 2019; Claessens & Rojas-Suárez, 2016).

Destacan políticas reguladoras enfocadas en la estabilidad que a menudo no abordan la accesibilidad de los servicios financieros para los sectores vulnerables, ya que los objetivos de inclusión pueden entrar en conflicto con los objetivos de protección y reducción de riesgos (Banco Mundial, 2014). Este fenómeno se ha observado en varios países, donde la protección del sistema financiero ha sido priorizada sobre la expansión inclusiva. Este contexto legal que regula y fiscaliza, se constituye en marco de análisis y soporta el análisis de la inclusión financiera sostenible.

DESARROLLO

METODOLOGÍA

Bajo un enfoque cuantitativo, con nivel descriptivo y diseño de no experimental (Jayprakash & Prelević, 2023), se identifican y analizan las barreras y oportunidades en el acceso a servicios financieros en Ecuador, centrándose en la efectividad de las políticas implementadas y el conocimiento por parte de usuarios de sus derechos y opciones financieras, todo alineado al marco jurídico vigente en el país en el que se desarrolla la investigación.

Se construyó, validó de la mano de expertos un instrumento de recolección de información, tipo cuestionario, que se aplicó mediante encuestas con el fin de recopilar datos empíricos (Barbosa, Mar & Molar, 2020). El instrumento resultó con una confiabilidad muy alta (0,952) según el Alpha de Cronbach, esto demuestra que los 82 ítems que conforman el instrumento de investigación tienen un alto nivel de consistencia interna; es decir, están midiendo de manera coherente el constructo subyacente (Bairagi & Munot, 2019).

El tamaño de la muestra se determinó a partir de la fórmula para poblaciones infinitas, y se realizó basada en el criterio de mínima varianza, que busca obtener estimaciones precisas con el menor error posible (Garza, Morales & Gonzalez, 2013). Generalmente se utiliza cuando el tamaño de la población es desconocido o es muy grande. Se asumió un valor crítico de la distribución normal estándar asociado con un nivel de confianza del 95%, Z=1.96, el error muestral máximo permitido de 8%, obteniendo una muestra de 151 sujetos (tabla 1).

Tabla 1. Distribución de la muestra

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Docentes de Educación Básica o Bachillerato	13	8,6	8,6	8,6
	Docentes Universitarios	21	13,9	13,9	22,5
	Empleado del Sector Bancario	10	6,6	6,6	29,1
	Empleado del Sector de Cooperativas	8	5,3	5,3	34,4
	Funcionario Público	39	25,8	25,8	60,3
	Pequeños y Medianos Empresarios	31	20,5	20,5	80,8
	Profesionales en el área de Ciencias Jurídicas	11	7,3	7,3	88,1
	Profesionales en el área de Ciencias Sociales	18	11,9	11,9	100,0
	Total	151	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia (2025)

La distribución muestral ofrece una clara diversidad, pero con concentraciones significativas en los sectores de funcionarios públicos y pequeños empresarios, que podrían influir de manera importante en los resultados globales. La representación equilibrada de ciertos sectores, como docentes y profesionales en ciencias sociales, sugiere perspectivas adicionales valiosas; mientras que la baja representación de cooperativas y bancos podría limitar el análisis de estos sectores específicos (Bairagi & Munot, 2019).

Se precisan aspectos centrales propios de los actores seleccionados como parte de la muestra: 1) funcionarios públicos directamente vinculados con la implementación y supervisión de políticas y normativas relacionadas con la inclusión financiera; y 2) Pequeños y medianos empresarios representan un grupo objetivo crucial para las estrategias de inclusión financiera, al necesitar acceso a servicios financieros para su sostenibilidad y crecimiento. La representación de otros sectores (docentes, empleados bancarios, profesionales en ciencias sociales y jurídicas) también proporciona un panorama diverso de actores que interactúan, directa o indirectamente con el sistema financiero.

Se construye el siguiente baremo para la interpretación de los datos estadísticos obtenidos:

Alternativa 1: Rango de 0 - 16.67 – interpretación: Muy Bajo

Alternativa 2: Rango de 16.68 - 33.33 - interpretación: Bajo

Alternativa 3: Rango de 33.34 - 50.00 – interpretación: Moderadamente Bajo

Alternativa 4: Rango de 50.01 - 66.67 –interpretación: Moderado

Alternativa 5: Rango de 66.68 - 83.33 – interpretación: Moderadamente Alto

Alternativa 6: Rango de 83.34 – 100 – interpretación: Alto

RESULTADOS

La inclusión financiera tiene el potencial de fomentar el desarrollo económico y tecnológico de una nación. Su implementación debe estar acompañada de políticas que mitiguen los riesgos y fomenten el uso de tecnologías sostenibles. Esta integración multidimensional es esencial para garantizar una verdadera contribución a un desarrollo sostenible; respaldado en normativas jurídicas efectivas, y políticas y estrategias como pilar central que permita un desarrollo sostenible, y un bienestar económico y social de instituciones y personas (Tito-Betancur et al., 2024), (Morelo et al., 2023; Yori et al., 2011).

En la siguiente tabla, se presenta el análisis de los factores clave relacionados con la inclusión financiera, los cuales reflejan un panorama de avances moderados con áreas de oportunidad significativas.

Tabla 2. Aspectos y documentos clave para la inclusión financiera

Aspectos y documentos clave para la inclusión financiera	Porcentaje de Conocimiento	Dimensiones	Porcentaje de Conocimiento
Código Orgánico Monetario y Financiero	71,61%	Marco Regulatorio y Supervisión del Sistema Financiero	74,05%
Ley General de Instituciones del Sistema Financiero	76,49%	Marco Regulatorio y Supervisión del Sistema Financiero	74,05%
Tecnología y Acceso a Servicios Financieros	64,74%	Implementación de Programas de Acceso Financiero	63,93%
Iniciativas y programas específicos	63,13%	Implementación de Programas de Acceso Financiero	63,93%
Objetivos y Alcance de la Inclusión Financiera	70,64%	Estrategia Integral de Inclusión Financiera	59,65%
Mandato Institucional y Marco Regulatorio	54,08%
Desarrollo de Productos Financieros	60,60%
Compromiso de Sectores Público y Privado	52,45%
Marco de Coordinación Interinstitucional	60,49%
Mandato Legal y Marco Regulatorio	52,98%	Marco Normativo y de Gobernanza para la Inclusión Financiera	56,79%
Protección y Estabilidad del Sistema Financiero	60,60%		56,79%
Objetivos de la Inclusión Financiera	71,71%	Inclusión Financiera y Acceso a Servicios	64,35%
Tecnología y Acceso a Servicios Financieros.	58,44%
Educación Financiera y Protección al Consumidor	75,76%
Marco Legal y Regulatorio	63,58%
Educación Financiera y Protección al Usuario	65,81%
Protección al Usuario Financiero	56,29%
Educación Financiera	60,93%
Acceso a Productos y Servicios Financieros	62,25%

Fuente: Elaboración propia (2025)

Según los datos obtenidos, el Marco Regulatorio y Supervisión del Sistema Financiero, evaluado enfatizando el conocimiento del Código Orgánico Monetario y Financiero (2014) tiene un 71,61% de conocimiento por parte de las personas e instituciones que ofrecieron información sobre el tema. En lo que respecta a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (2012), el porcentaje de conocimiento por parte de los involucrados es de 76,49%, valor que, al promediarlo con el anterior, permite afirmar que el marco regulatorio y la supervisión del sistema financiero muestra un nivel de conocimiento moderadamente alto con un valor 74,05%. Esto indica una comprensión aceptable de las normativas clave que rigen el sistema financiero, aunque no se alcanza un conocimiento pleno.

El Código Orgánico Monetario y Financiero (2014), desde la inclusión y la equidad, establece principios que enfatizan la importancia de políticas estatales para el acceso a servicios financieros, fundamentalmente para las poblaciones vulnerables, a fin de cerrar las brechas sociales y fomentar el desarrollo (Flores-Ibadango y Simbaña-Benalcázar, 2020), dicho código, establece en el artículo 4: 1. La prevalencia del ser humano por sobre el capital; 2. La subordinación del ámbito monetario, financiero, de valores y seguros como instrumento al servicio de la economía real; 3. El ejercicio de la soberanía monetaria y financiera y la inserción estratégica internacional; 4. La inclusión y equidad; 5. El fortalecimiento de la confianza; y, 6. La protección de los derechos ciudadanos (p. 3).

Lo relacionado con la Tecnología y Acceso a Servicios Financieros obtuvo un valor de 64,74%, mientras que la valoración relacionada con iniciativas y programas Específicos 63,13%. Ambos casos se muestran con una comprensión moderada, evidenciando que los esfuerzos para implementar estrategias de acceso financiero aún representan un desafío, especialmente en la adopción de tecnología que facilite la inclusión. La capacidad de acceder a servicios financieros, entre ellos: cuentas de ahorro, créditos, seguros entre otros productos bancarios, tiene un impacto profundo no solo en la mitigación de la pobreza, sino también en el crecimiento económico inclusivo.

La inclusión financiera representa un tema esencial en la agenda global (Sierra, Hernández & Moheno, 2023), sin embargo, las barreras estructurales que enfrentan millones de personas, especialmente en áreas rurales o en sectores vulnerables, dificultan el acceso a estos servicios, lo que crea una brecha significativa entre los incluidos y excluidos financieramente. Incluso existen barreras estructurales desde la inclusión financiera digital (DFI), cuya efectividad depende de la implementación de normativas jurídicas y estrategias adecuadas para mantener un equilibrio entre lo formal y lo real.

La inclusión financiera digital regula tecnologías digitales para proteger a los usuarios frente a fraudes y establecer un entorno financiero seguro con condiciones esenciales. Estos espacios exigen la necesidad de normativas que mitiguen la asimetría informativa en los mercados financieros (Khera et al., 2021), y pueden contribuir al incremento del PIB per cápita, siempre que existan políticas regulatorias que reduzcan las barreras de acceso (Demirguc-Kunt et al., 2018).

La conectividad es esencial para reducir la brecha urbano-rural, facilitando así la inclusión de comunidades marginadas al sistema financiero ecuatoriano (Ji, Zhang & Yang, 2019). Para Hermoza (2024), acceder al sistema financiero en sectores vulnerables, desfavorecidos o marginados exige colaboración entre entidades financieras y el Gobierno, de manera que se puedan establecer políticas que conduzcan a una verdadera inclusión. La inversión en infraestructura digital se debe asumir como prioridad en los planes y programas de estado, pues se constituye en base para la expansión de redes de internet y el fortalecimiento de las operaciones tecnológicas (Bayar, Gavriletea & Paun, 2021)

Desde la perspectiva jurídica, las normativas existentes permiten la protección de datos y la privacidad, así como controlar los riesgos de ciberseguridad, por lo cual se deben establecer regulaciones claras para proteger usuarios y garantizar la confianza en las plataformas de DFI (Huang et al., 2022; Bayar, Gavriletea & Paun, 2021).

La implementación de programas específicos de acceso financiero resultó con un conocimiento moderado al obtener un promedio de 63,13%. En este contexto, la colaboración entre instituciones de carácter público y privado es necesaria para lograr una inclusión sostenible. Son importantes alianzas efectivas, que logren alinear necesidades de usuarios vulnerables (León et al., 2024) y combinar recursos, apostando a la innovación conjunta. Al respecto, Allen, Carletti & Cull (2013) plantean la importancia de desarrollar iniciativas y programas específicos en pro del beneficio de las comunidades más vulnerables. El marco regulatorio no pone obstáculos a la expansión de servicios inclusivos, por el contrario, incentiva el logro de la inclusión, aunque a veces las grandes exigencias establecidas desde este plano normativo, limita a las empresas e involucrados a cumplir y alcanzar el precepto declarado en la Ley.

La educación financiera se constituye en un elemento clave y pilar base que orienta los procesos decisorios y permite que usuarios vulnerables se beneficien plenamente de los servicios financieros (Mejía-Ochoa et al., 2024)

En cuanto a la Estrategia Integral de Inclusión, que incluye aspectos como los objetivos y alcances de la inclusión, resultó con un valor de 70,64%, el mandato institucional con un conocimiento de 54,08%, desarrollo de productos financieros con un valor de 60,60%, compromiso intersectorial con un 52.45%, la coordinación entre instituciones con 60,49%, en promedio estos valores dan cuenta de un nivel moderado de conocimiento que alcanza un 59.65%. Aunque se reconoce el esfuerzo por definir objetivos claros, existen rezagos importantes en la articulación entre actores públicos y privados, así como en el desarrollo de productos financieros que respondan a las necesidades de la región.

El marco normativo y la gobernanza para la inclusión financiera reflejan un conocimiento limitado con un 56,79%, con indicadores como el mandato legal y marco regulatorio que obtuvo un valor de 52,98% y la protección y estabilidad del sistema financiero con 60,60%, ambos evaluados como moderados. Esto sugiere que las normativas, aunque presentes, no están siendo percibidas como totalmente efectivas para promover la inclusión, ni para proteger los derechos de los usuarios.

La inclusión financiera y acceso a servicios presenta resultados diversos, con algunos indicadores como: objetivos de inclusión financiera con un valor de 71,71%, la Tecnología y Acceso a Servicios Financiero con un 58,44% educación financiera y protección al consumidor con un 75,76%; mientras que otros, como el Marco Legal y Regulatorio resultaron con un 63,58%, educación financiera y la protección al usuario 65,81%, protección al usuario financiero 56,29%, educación financiera 60,93% y el acceso a productos financieros 62,25%. Al promediar permanece un nivel de conocimiento moderado. Esto muestra que, aunque los objetivos generales de la inclusión financiera están claros y se valora la educación financiera, la implementación aún enfrenta barreras significativas.

En términos generales, los mayores niveles de conocimiento se encuentran en normativas específicas como la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (2012), y en la educación financiera y protección al consumidor, lo que es positivo, pero insuficiente para asegurar la efectividad global del sistema de inclusión financiera. Los rezagos son evidentes en áreas como el compromiso de entre sectores público y privado, la coordinación interinstitucional, y el fortalecimiento del acceso a servicios financieros mediante la tecnología.

Las estrategias de inclusión financiera en Ecuador han alcanzado un nivel aceptable de conocimiento entre los participantes, pero aún no logran consolidarse como un sistema robusto y universalmente accesible. Los resultados moderados en varios factores evidencian la necesidad de fortalecer la coordinación entre instituciones y el desarrollo de estrategias innovadoras que aborden las brechas existentes. Esto permitirá avanzar hacia un modelo de inclusión más efectivo, que fomente el acceso a servicios financieros y garantice la protección y estabilidad de los usuarios en el sistema legal ecuatoriano.

La inclusión financiera representa un elemento clave en la estrategia de desarrollo económico y social de muchos países, especialmente en aquellos en vías de desarrollo. Contribuyen al bienestar económico, con implicaciones ambientales. Y cuando se implementan correctamente, se fomenta el uso de tecnologías limpias y prácticas sostenibles (Altinoz, Vasbieva & Kalugina, 2021; Qin, Li & Wu, 2021). En el área relacionada con la sustentabilidad (emisiones de CO2), resaltan estudios en diversos contextos, pudiendo referenciar a Le, Le & Taghizadeh-Hesary (2020); Qin, Li & Wu (2021); Zaidi, Wei, & Jehan (2021) y Zhu & Cheng (2022) quienes resaltan la importancia de la sustentabilidad en el plano financiero. Todo ello, relacionado con el crecimiento económico, el progreso tecnológico y la sostenibilidad ambiental (Altinoz, Vasbieva & Kalugina, 2021; Emara & El Said, 2021; Liu et al., 2021; Shen, Hu & Liu, 2021; Zhu & Li, 2021).

Para Lusardi & Mitchell (2014), los usuarios informados están mejor preparados para tomar decisiones financieras seguras, lo que reduce la vulnerabilidad y el riesgo de exclusión financiera a largo plazo. Además, el enfoque en la protección del consumidor y la educación financiera es respaldado por el Fondo Monetario Internacional. (2019), al señalar que las normativas que integran educación y protección activa del consumidor, elementos efectivos para potenciar el uso sostenible y seguro de los servicios.

Al realizar este análisis, los instrumentos legales que forman parte del marco jurídico de Ecuador reconocen la inclusión financiera como un derecho humano, haciendo hincapié en el acceso equitativo a los servicios financieros para todos los ciudadanos (León, 2024).

El Código Orgánico Monetario y Financiero (2014), en sus artículos 4 y 283, enfatiza principios de inclusión, equidad y el reconocimiento del ser humano como el objetivo final, promoviendo un sistema económico social y solidario para una inclusión financiera sostenible. El artículo 81 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (2011), enfatiza la responsabilidad social en cooperativas de ahorro y crédito, sin embargo, carece de regulaciones específicas para monitorear el cumplimiento, lo que dificulta la inclusión sostenible en el sistema financiero (Pereira et al., 2018). La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (2011), regula la economía social y solidaria, promoviendo mecanismos de ahorro, crédito y servicios financieros adaptados a las pequeñas organizaciones y microempresas, su objetivo es mejorar la inclusión y la calidad de vida, elementos fundamentales para la creación de empleo (Sánchez et al., 2022).

El marco jurídico representa la base de todas las operaciones realizadas en el sistema financiero ecuatoriano, regula y protege, y a la vez promueve e incentiva programas en beneficio del avance de instituciones.

DISCUSIÓN

El marco regulatorio y legal se enfoca principalmente en garantizar la estabilidad y seguridad del sistema financiero; y esto limita el impacto directo en la inclusión de usuarios desatendidos. Las normativas están diseñadas más para proteger al sistema que para eliminar barreras de acceso (Mader, 2018 y Ozili, 2021). Esto se traduce en un enfoque desbalanceado que prioriza la transparencia y los derechos básicos del consumidor sobre estrategias proactivas de accesibilidad.

Aunque las regulaciones promuevan la protección del consumidor, estas no necesariamente abordan las barreras estructurales que enfrentan las poblaciones más vulnerables (Rindfleisch et al., 2008; Fanta et al., 2017). Esto se explica porque, muchas veces los usuarios excluidos dependen de iniciativas privadas o programas específicos que no están plenamente integrados en el marco regulatorio (Maurer, 2018; Bateman & Chang, 2019).

En este contexto, el sector privado se proyecta como actor fundamental en la promoción de la inclusión financiera: esto requiere un enfoque integral que combine infraestructura, estrategias inclusivas y un marco regulatorio adaptativo, así como la implementación de políticas que integren metas inclusivas en el diseño regulatorio, mitigando la pobreza y la accesibilidad a servicios financieros en pro del bienestar económico (Canh et al., 2022). La educación financiera y el diseño de productos accesibles deben ser componentes esenciales de estas estrategias (Hassan & et.al., 2022; Bateman & Chang, 2019)

Finalmente, los esfuerzos más exitosos en inclusión financiera provienen de iniciativas específicas que abordan directamente las barreras estructurales y culturales que enfrentan los usuarios (Mader, 2018). Esto refuerza la importancia de considerar las necesidades locales y promover la cooperación entre diferentes actores para garantizar que las estrategias sean sostenibles y efectivas.

CONCLUSIONES

Los países definen normativas legales para regular sistemas y actividades diversas en su contexto, garantizar la seguridad social, mantener el orden social, la justicia y equidad, y proteger y generar el bienestar social, económico y político de sus ciudadanos. A la par, diseñan políticas para contribuir al desarrollo y mitigar los riesgos asociados, como la desigualdad digital y el impacto ambiental, promoviendo al mismo tiempo la colaboración entre sectores público y privado.

Desde la perspectiva jurídica, se conforman marcos regulatorios en contextos diversos, en particular para regular los sistemas económicos y financieros de los países. Estas regulaciones aplican tanto para personas naturales como jurídicas que accede a estos sistemas financieros en búsqueda de beneficios y soportes en la actividad que desarrollan. El cumplimiento de estas normativas se presenta con carácter de obligatoriedad, por lo que es fundamental plegarse a ella para acceder a las bondades del sistema.

La infraestructura normativa y las estrategias inclusivas son elementos fundamentales para mejorar la inclusión financiera, mientras que el marco regulatorio necesita adaptarse para abordar las barreras de acceso de manera más directa. La colaboración entre instituciones de orden público y privado, junto con una evaluación constante de normativas, será esencial para lograr un sistema financiero más inclusivo y protector.

El marco regulatorio y legal, junto con la seguridad y solidez del sistema financiero, tienen un impacto menos directo. Esta observación es consistente con los planteamientos de diversos estudios previos, los cuales permitieron contextualizar y profundizar en estas conclusiones.

Se apuesta por la inclusión y protección financiera de los usuarios, y para ello es necesario la integración adecuada entre el marco regulatorio, las políticas definidas y las estrategias desarrolladas entre los agentes y actores participantes: individual, colectivo, público, privado o social, garantizando que todas las partes trabajen juntas para hacer accesibles los servicios financieros y proteger a los usuarios de manera efectiva. La regulación financiera, particularmente en países en vías de desarrollo, tradicionalmente ha priorizado la estabilidad del sistema financiero y la protección de los consumidores, con un énfasis en la transparencia y la seguridad, en lugar de centrarse directamente en la inclusión financiera.

La infraestructura financiera adecuada, es fundamental para mejorar el acceso a servicios financieros, entre ellos: sistemas de pagos móviles y redes de acceso, reduce significativamente las barreras físicas y económicas que impiden que poblaciones vulnerables puedan acceder a servicios financieros. Esta infraestructura tiene un impacto directo en el aumento del acceso de usuarios no bancarizados a servicios formales, especialmente cuando se implementan soluciones tecnológicas que no requieren de infraestructura física costosa, como los billeteros móviles.

La infraestructura digital financiera facilita una inclusión más efectiva y sostenible, ya que ofrece alternativas más accesibles y menos costosas. Un marco regulatorio que integre evaluaciones periódicas de impacto sobre la inclusión financiera puede identificar barreras y ajustar políticas para mejorar el acceso de sectores desatendidos, sin comprometer la estabilidad financiera.

Finalmente, es esencial el conocimiento del marco jurídico de un país, de manera que se puedan identificar requisitos, elementos y barreras normativas que puedan restringir el acceso a programas de financiamiento u otras opciones disponibles que propicien el avance y crecimiento sostenido y sustentable de las instituciones (sean públicas, privadas o de corte social). El reconocimiento de estos elementos no solo será beneficioso para las instituciones, sino también para todos los actores y stakeholders involucrados. El marco jurídico, será siempre la base normativa que permite avanzar bajo un orden coherente y ambientes responsables a la ciudadanía de manera individual y colectiva como grupo social con fines específicos.

REFERENCIAS

Allen, F., Carletti, E., & Cull, R. (2013). Financial institutions, markets and intermediaries.

Altinoz, B., Vasbieva, D., & Kalugina, O. (2021). The effect of information and communication technologies and total factor productivity on CO2 emissions in top 10 emerging market economies. Environmental Science & Pollution Research, 28(45), 63784-63793.

Asamblea Nacional (2014). Código Orgánico Monetario y Financiero. Suplemento del Registro Oficial 309, 21-VIII-2018. Disponible en: https://www.cosede.gob.ec/wp-content/uploads/2018/08/COMF.pdf

Asamblea Nacional del Ecuador. (2018). CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO. Quito, Ecuador.

Asamblea Nacional República del Ecuador (2010). Código orgánico de la producción, comercio e inversiones. https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2020-04/CODIGO%20ORGANICO%20DE%20LA%20PRODUCCION%2C%20COMERCIO%20E%20INVERSIONES%20COPCI.pdf

Asamblea Nacional República del Ecuador (2020). Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. Suplemento del Registro Oficial No. 151, 28 de Febrero 2020. Disponible en: https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2020-03/Documento_LEY-ORGANICA-EMPRENDIMIENTO-INNOVACION.pdf

Bairagi, V., & Munot, M. (2019). Research Methodology: A Practical and Scientific Approach. Boca Ratón, Florida, Estados Unidos: CRC Press.

Banco Mundial. (2014). Global financial development report 2014: Financial inclusion. Washington, D.C.

Barbosa, A., Mar, C., & Molar, J. (2020). Metodología de la investigación. Métodos y técnicas. Grupo Editorial Patria, 24 nov 2020. 228 pags.

Bateman, M., & Chang, W. (2019). The financial inclusion agenda: A critical review. Journal of International Development, 31(5), 1–15.

Bayar, Y., Gavriletea, M., & Paun, D. (2021). Impact of mobile phones and internet use on financial inclusion: Empirical evidence from the EU post-communist countries. Technological and Economic Development of Economy, 27(3), 722-741.

Benavides, G. F. (2015). Las políticas públicas del turismo receptivo colombiano. Suma de negocios, 66-73.

Canh, N., Nguyen Van, S., Nguyen Dang, Q., & Tran Duc, T. (2022). The role of financial inclusion in reducing energy poverty: Evidence from Vietnam. Renewable Energy, 180, 1234-1245.

Claessens, S., & Rojas-Suárez, L. (2016). Financial regulation and inclusion in developing economies. Center for Global Development (CGD).

Código Orgánico Monetario y Financiero [COMF] (2022). Art. 4 de diciembre de 2022 (Ecuador).

Código Orgánico Monetario y Financiero (2014). Registro Oficial Nº 332. 12 de septiembre de 2014. Ecuador.

Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2018). The Global Findex Database 2017: Measuring financial inclusion and the fintech revolution. World Bank.

Emara, N., & El Said, A. (2021). Financial inclusion and economic growth: The role of governance in selected MENA countries. International Review of Economics & Finance, 75, 34-54.

Fanta, A., Berkowitz, B., Khumalo, J., Mutsonziwa, K., Maposa, O., & Ramsamy, P. (2017). Digitisation of social gran payments and financial inclusion of grant recpipients in South Africa: Evidence from FinScope surveys. FinMark Trus.

Flores-Ibadango, M., y Simbaña-Benalcázar, E. (2020). Dinero electrónico e inclusión financiera en el sistema financiero ecuatoriano. 593 Digital Publisher CEIT, 5(5-1), 325-332. https://doi.org/10.33386/593dp.2020.5-1.315

Fondo Monetario Internacional. (2019). Strengthening financial consumer protection.

Garza, J., Morales, B., & Gonzalez, B. (2013). Análisis Estadístico Multivariante Un enfoque teórico y prático. México, DF: McGraw Hill.

Hassan, M., & et.al. (2022). Financial inclusion and economic growth: Evidence from the Asia-Pacific region. Asian Economic Policy Review, 17(2), 213-230.

Hermoza, A. C. (2024). Adopción de billeteras digitales como determinante de la inclusión financiera en comerciantes ambulantes en cusco. Quipukamayoc, 32(67), 69-81. https://doi.org/10.15381/quipu.v32i67.27956

Huang, H., Mbanyele, W., Fan, S., & Zhao, X. (2022). Digital financial inclusion and energy-environment performance: What can learn from China. Structural Change and Economic Dynamics, 63, 342-366.

Jayprakash, A., & Prelević, D. (2023). Epistemology of Modality and Philosophical Methodology. Londres: Taylor & Francis.

Ji, X., Zhang, R., & Yang, J. (2019). Urbanization, digital financial inclusion, and income inequality in China. Journal of Cleaner Production, 237(117605).

Khera, P., Ng, M., Ogawa, M., & Sahay, M. (2021). Is digital financial inclusion unlocking growth? . International Monetary Fund.

Le, T., Le, H., & Taghizadeh-Hesary, F. (2020). Does financial inclusion impact CO2 emissions? Evidence from Asia. Finance Research Letters, 34(Article 101451).

León C. LB, Triviño P., HA, Sánchez P., ME, & Zambrano F., FJ (2024). Tendencias y avances de investigación sobre Inclusión Financiera: un análisis bibliométrico. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, (71), 276-305. https://doi.org/10.35575/rvucn.n71a12

León, M. A. (2024). El derecho humano a la inclusión financiera:¿ El Sector Financiero Popular y Solidario ha contribuido a su real materialización en el Ecuador?. Deusto Estudios Cooperativos, (24), 121-143. https://doi.org/10.18543/dec.3172

Ley de compañías (2020). Registro Oficial No. 347, suplemento 10, 10-XII-2020. Registro Oficial No. 347, suplemento 10, 10-XII-2020. Disponible en: https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2022-10/LEY%20DE%20COMPA%C3%91%C3%8DAS.pdf

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (2001). Registro Oficial 250, 23 de enero de 2001. Disponible en: https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_gral.pdf

Ley General de Instituciones Financieras (2012). Registro Oficial 250 de 23-ene-2001. Última modificación: 12-mar-2012. Disponible en: https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_gral.pdf

Liu, Y., Luan, L., Wu, W., Zhang, Z., & Hsu, Y. (2021). Can digital financial inclusion promote China’s economic growth? International Review of Financial Analysis, 78(Article 101889).

Lusardi, A., & Mitchell, O. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. Journal of Economic Literature, 52(1), 5-44.

Mader, P. (2018). The financial inclusion agenda: A critical review. Journal of International Development, 30(5), 1-15.

Maurer, P. (2018). Mutuality and the politics of financial inclusion. Journal of Cultural Economy, 5(1), 1-19.

Mejía-Ochoa, F. J., Sánchez-Anastacio, I., Rosas-Leyva, M. A., Rojas-Martínez, J. C., & Díaz-José, J. (2024). Capacitación financiera inclusiva con perspectiva de género para grupos vulnerables en zongolica, veracruz, méxico. European Scientific Journal, ESJ, 20(4), 36. https://doi.org/10.19044/esj.2024.v20n4p36

Morelo Pereira, D. J., Fuentes Doria, D. D., Torres Castro , D. ., & Hoyos Núñez, K. R. . (2023). Problemáticas y tendencias de la educación financiera . Económicas CUC, 44(2), 75–96. https://doi.org/10.17981/econcuc.44.2.2023.Econ.3

Moya-Jiménez, J. C., Cuji-Real, B. N., Ruiz-Silva, A. M., & Hernández-Ramos, E. L. (2024). Innovación versus Regulación:¿ Aliados u obstáculos para el crecimiento de Startups en Ecuador. Verdad y Derecho. Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales, 3(especial4), 171-177. https://doi.org/10.62574/5t8fb777

Mushtaq, R., & Bruneau, C. (2019). Microfinance, financial inclusion and ICT: Implications for poverty and inequality. Technology in Society, 59, 40.

Ordoñez, J., Luna, K., & Melean, R. (2024). Perspectivas contables en instituciones financieras ecuatorianas:normativa y procedimientos. México: Iapas.

Ozili, P. (2021). Financial inclusion research: A review of the literature. International Journal of Financial Studies, 9(1), 1-20.

Pereira, J. R. O., Borja, F. M. B., Rodríguez, I. E. A., & Cazar, W. M. M. (2018). Sistema Financiero Popular y Solidario y su evolución desde la implementación de la nueva Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en el Ecuador. Cooperativismo & Desarrollo, 26(112). https://doi.org/10.16925/co.v25i112.2036

Presidencia de la República (2011). Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS). Registro Oficial N° 444 - Martes 10 de Mayo del 2011 - Oficio N° T.4887-SNJ-11-664 Quito, 28 de abril de 2011. Disponible en: https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_econ.pdf

Qin, L., Li, X., & Wu, Q. (2021). Does financial inclusion reduce CO2 emissions? Evidence from developing countries. Finance Research Letters, 40 Article 101726.

Rindfleisch, A., Malter, A., Ganesan, S., & Moorman, C. (2008). Cross-sectional versus longitudinal survey research: concepts, findings and guidelines. J. Market. Res, 45(3), 261-279.

Roth, A. (2009). Public policies: formulation, implementation and evaluation. Bogotá: Aurora Editions.

Sánchez, K. W. G., Jiménez, K. A. S., Salazar, P. A. C., & Maridueña, I. A. M. (2022). Ley de Economía popular y solidaria,¿ un acierto en las finanzas para generar empleo en Ecuador?. RECIAMUC, 6(1), 246-255. https://doi.org/10.26820/reciamuc/6.(1).enero.2022.246-255

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2011). Código orgánico de planificación y finanzas públicas. Disponible en: https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/CODIGO_PLANIFICACION_FINAZAS.pdf

Shen, Y., Hu, W., & Liu, Z. (2021). Exploring the spatial dynamics of financial inclusion and economic growth in developing countries. Economic Analysis and Policy, 69, 150-162.

Sierra, J. A. G., Hernández, C. C. P., & Moheno, J. M. (2023). Inclusión financiera y complejidad económica en méxico. Revista Mexicana De Economía Y Finanzas, 18(2), 1-25. https://doi.org/10.21919/remef.v18i2.760

Tito-Betancur, Madona, Carranza-Esteban, Renzo Felipe, Tapullima-Mori, Calixto, Turpo-Chaparro, Josué Edison, & Mamani-Benito, Oscar. (2024). Producción científica en Scopus sobre salud financiera: periodo 2011-2022. Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, 27(1), 54-67. Epub 23 de agosto de 2024.https://dx.doi.org/10.12961/aprl.2024.27.01.05

Urdaneta-Montiel, A. J., & Zambrano-Morales, Á. A. (2024). Marco regulatorio bancario en Ecuador y su impacto en el financiamiento a pymes. RETOS. Revista de Ciencias de la Administración y Economía, 14(27), 147-163. https://doi.org/10.17163/ret.n27.2024.10

Yori Conill, L., Hernández de Velazco, J., & Chumaceiro Hernández, A. (2011). Planificación de escenarios: Una herramienta estratégica para el análisis del entorno. Revista Venezolana De Gerencia, 16(54). https://doi.org/10.37960/revista.v16i54.10617

Zaidi, S., Wei, Z., & Jehan, S. (2021). The impact of financial inclusion and environmental innovation on CO2 emissions: Evidence from OIC countries. Environmental Science and Pollution Research, 28(45), 64791–64803.

Zhu, J., & Li, Z. (2021). The effects of digital financial inclusion on innovation and entrepreneurship: A network perspective. Electronic Research Archive, 30, 4967-4715.

Zhu, Z., & Cheng, S. (2022). Industrial agglomeration and haze pollution: Evidence from China. Science of the Total Environment, 845 Article 157392.

FINANCIACION

Este artículo es resultado del proyecto de investigación intitulado: Mecanismos de promoción y acceso a financiamientos desarrollados por la banca ecuatoriana para el financiamiento de las Pymes en la Provincia de El Oro, aprobado bajo el código FIN-PYMES 102-02-17 y financiado por la Universidad Metropolitana de Ecuador para el período 2021-2025.

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existe conflicto de interés.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

- Conceptualización, ideas y la evolución del diseño del trabajo: Armando José, Urdaneta Montiel; Rosana A. Meleán Romero.

- Obtención, revisión y análisis de los datos o categorías: “Armando José, Urdaneta y Kléber Antonio Luna Altamirano”.

- Escritura y presentación del artículo: “Armando José, Urdaneta Montiel; Rosana A. Meleán Romero; Kléber Antonio Luna Altamirano”.

- Revisión crítica del contenido del manuscrito: “Rosana A. Meleán Romeo y Delsi Mariela Huaita Acha.

BIODATA

Armando José Urdaneta Montiel: Postdoctorado en Integración y Desarrollo de América Latina, Doctor en Ciencias Económicas, Doctor en Ciencias Gerenciales, Magíster en Telemática, Magíster en Gerencia Empresarial, Ingeniero en Computación, Profesor Titular Agregado I, de la Universidad Metropolitana del Ecuador, Docente Titular invitado en Universidad del Zulia, Venezuela.

Rosana A. Meleán Romero: Posdoctorado en Agronegocios Doctora en Ciencias Sociales, magíster en Gerencia de Empresas, mención Gerencia Industrial. Licenciada en Administración. Docente de la Universidad del Zulia - Venezuela.

Kléber Antonio Luna Altamirano: Postdoctor en Gestión del Conocimiento y Políticas Públicas, Postdoctor en Gestión Pública y Gobernanza Avanzadas, Posdoctorante las Ciencias Sociales en la Cuarta Revolución Científico-Tecnológica, las tres por la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro A.C. (IAPAS) México. Doctor en Ciencias Sociales, mención Gerencia, de la Universidad del Zulia (Venezuela). Magister en Administración de Empresas Mención Recursos Humanos y Marketing. Economista. Docente Investigador, Unidad Académica de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador.

Delsi Mariela Huaita Acha: Posdoctorado en Educación, Doctora en Educación, Magister en docencia y gestión educativa y Políticas y Gestión de la Educación, Licenciada en Educación, Especialista en la enseñanza de la Comunicación y Matemática, Didáctica General, Gestión de Proyectos y Didáctica de la Investigación en Entornos Virtuales. Docente Renacyt. Perú. Filiación Universidad Inca Garcilaso de la Vega.