04-148-4776-31-1

Costos, daños y consecuencias del conflicto armado en Colombia desde una mirada territorial y comunitaria

Costs, damages and consequences of the armed conflict in Colombia from a territorial and community perspective

Ayala, R., Coronel, L. y Ayala, E. (2023). Costos, daños y consecuencias del conflicto armado en Colombia desde una mirada territorial y comunitaria. MODULO ARQUITECTURA CUC, 31, 93–110. http://doi.org/10.17981/mod.arq.cuc.31.1.2023.04

Este artículo analiza las causas, los costos y las consecuencias que el conflicto armado colombiano ha generado en el país desde una mirada territorial y comunitaria, a partir de la implementación de un marco metodológico documental de corte bibliográfico, hermenéutico, descriptivo no transversal, bajo una técnica de análisis de contenido en cumplimiento a las fases de la investigación científica. Como parte de los resultados se abordaron las diferentes problemáticas derivadas del conflicto armado colombiano para el territorio desde las dimensiones social, cultural y económica. Como hallazgos relevantes se encontró que, como producto de más de sesenta años de conflicto armado interno, se han generado en la población necesidades básicas insatisfechas y múltiples desafíos a nivel territorial los cuales Colombia deberá afrontar bajo un enfoque sostenible e integral.

Palabras clave: Calidad de vida; conflicto armado; necesidades básicas insatisfechas; posconflicto; territorio

This article analyzes the causes, costs and consequences that the Colombian armed conflict has generated in the country from a territorial and community perspective, based on the implementation of a bibliographical, hermeneutical, non-transversal descriptive documentary methodological framework, under a content analysis technique in compliance with the phases of scientific research. As part of the results, the different problems derived from the Colombian armed conflict for the territory were addressed from the social, cultural and economic dimensions. As relevant findings, it was found that, as a product of more than sixty years of internal armed conflict, unsatisfied basic needs and multiple challenges at the territorial level have been generated in the population that Colombia must face under a sustainable and comprehensive approach.

Keywords: Armed conflict; post-conflict; quality of life; territory; unsatisfied basic needs

En los años que lleva el conflicto armado en Colombia se han implementado diferentes acuerdos de paz con grupos guerrilleros tales como el M-19, EPL, Quintín Lame, PRT y CRS, en búsqueda de la devolución de armas y la desmovilización. El último acuerdo de paz correspondió al realizado entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC– para el cese conflicto interno y la busqueda de una paz estable y duradera.

El conflicto armado ha sido una de las problemáticas más complejas del país. A lo largo de 60 años se han realizado avances significativos, pero a pesar de esto a la fecha aún en Colombia los costos, daños y consecuencias del mismo son evidentes tanto en el territorio como en las comunidades. Además del dolor causado en las víctimas, los costos económicos, la inestabilidad social y política, el conflicto armado ha repercutido en el bienestar del país incrementado problemáticas como: la pobreza, la desigualdad, la corrupción, el hacinamiento poblacional, el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda, la inseguridad habitacional y la insuficiencia de infraestructura, entre otros, ocasionado atraso e impidiendo el desarrollo (Santamaría, 2015).

El accionar sistemático de los grupos armados fundamentado en la violencia, ha desplegado todo tipo de hechos victimizantes sobre la población urbana y rural. Esto ha generado consecuencias psicológicas, sociales y económicas las cuales han incrementado necesidades básicas insatisfechas en la población colombiana. Gran parte de la población victimizada se ha visto forzada a realizar desplazamientos; en ese orden de ideas, las ciudades se presentan como los principales centros de acogimiento de la población migrante, razón por la cual las zonas urbanas, en su papel de unidades receptoras, se han convertido en epicentros de conflicto que inciden negativamente en la calidad de vida.

En este sentido, ha quedado en evidencia como la planeación urbana territorial colombiana no ha logrado subsanar las debilidades y las problemáticas generadas a partir del conflicto armado, ya que gran parte de los territorios presentan segregación urbano-social y debilidades dentro de las dimensiones social, cultural y económica; hecho que va en detrimento del funcionamiento básico de las ciudades desde un aspecto territorial y comunitario promoviendo el incremento de las necesidades básicas insatisfechas en la población.

El surgimiento del conflicto armado en el territorio colombiano se remonta al periodo de la violencia (1946-1964) protagonizado por el Partido Liberal y el Partido Conservador, dando origen a un largo periodo de guerra la cual ha afectado a gran parte de la población. Las guerras de este periodo fueron utilizadas para definir las relaciones de poder, las campañas políticas, la escogencia de presidentes, y el control territorial; entre otros (Uribe, 2004).

En 1948 el asesinato del candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán, agudizó los enfrentamientos entre los partidarios liberales y conservadores al ser considerado como un acto violento el cual afecto al país desde la dimensión social. Estos enfrenamientos tuvieron como epicentro inicialmente la ciudad de Bogotá, y posteriormente se extendieron al área rural del país (Cosoy, 2016). El alto nivel de radicalización de este conflicto, en medio de la confrontación política, dio lugar a la generación sistemática de daños y hechos victimizantes, tales como crímenes sexuales, despojos de bienes y todo tipo de masacres las cuales se extendieron a la población civil, con el fin de castigar al adversario (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2013).

El gobierno del expresidente Rojas Pinilla, en 1954, ofreció un indulto, tanto a las guerrillas liberales como a las AUC, con el propósito de poner fin a la violencia bipartidista colombiana. Ante la respuesta negativa a su propuesta, el gobierno desplegó operativos militares en todo el territorio nacional lo cual ayudo a motivar la transformación de las AUC en guerrillas revolucionarias, rehusándose las mismas a entregar sus armas y fortaleciendo su accionar violento (CNMH, 2013).

Luego de casi tres décadas de enfrentamientos se llegó a un arreglo político conocido como “El Frente Nacional”. Este representó un acuerdo excluyente en el que se repartió de manera equitativa el poder gubernamental entre las élites liberales y conservadoras, dejando de lado los intereses de otros sectores. Esto reforzó la existencia en el país de Grupos Armados Ilegales –GAI– en Colombia. De esta manera y como consecuencia surgieron grupos rebeldes guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC–, el Ejército de Liberación Nacional –ELN–, el Ejército Popular de Liberación –EPL–, el M-19, y el Quintín Lame (Gómez, 2008).

Las FARC nació como un grupo de autodefensa conformado por población campesina desplazada, el cual inició bajo un pensamiento liberal, para posteriormente adoptar una ideología comunista (Cosoy, 2016). Inicialmente se asentaron en zonas de colonización con condiciones geográficas favorables, generalmente territorios periféricos, aislados de los centros de poder y con poca presencia del Estado, además de un entorno social caracterizado por un grado de identificación política en la que los terratenientes toleraron la presencia de estos grupos. Sin embargo, esta apropiación de zonas regionales duró poco tiempo, en 1955 las FARC fue declarado ilegal, por lo que las zonas donde se asentaron se consideraron zonas de guerra y convirtiéndose en objetivo de ataques militares (Medina, 2010).

Los constantes ataques del gobierno colombiano a los asentamientos guerrilleros de las FARC lograron la huida de los campesinos armados y su dispersión. Ante la aparente derrota, el grupo armado determinó la modificación de la táctica de combate, y se convirtió en una guerrilla móvil con actitud ofensiva, la cual emprendió una expansión gradual en el territorio con la multiplicación de frentes a lo largo del país (CNMH, 2013). A finales de la década de 1970, con el apoyo de fuerzas armadas, terratenientes, empresarios y políticos crearon grupos paramilitares los cuales profundizaron la violencia del enfrentamiento armado. El narcotráfico comenzó a ser más influyente en el conflicto, pues tanto grupos paramilitares como guerrilleros pasaron de ser combatientes de guerra a conformarse como organizaciones de criminalidad al servicio de narcotraficantes (Cosoy, 2016).

El narcotráfico llegó a ser de gran influencia económica, política y militar, logrando someter el accionar del Estado colombiano en cuanto a la administración de la justicia y la extradición. En la década de los ochenta, el país atravesó una crisis de gobernabilidad acompañada de hechos violentos. En este periodo se definieron los protagonistas del conflicto armado en Colombia: el Estado a través de sus fuerzas armadas, el paramilitarismo, el narcotráfico y la insurgencia (Fisas, 2015). Entre los años 2000 y 2010, las FARC alcanzó su mayor capacidad militar, mediante la violación sistemática de derechos humanos por medio de métodos violentos de guerra, entre los que se destacan los secuestros y las masacres, entre otros, ejerciendo un impacto negativo en la población y el territorio generando costos, daños y consecuencias los cuales a la fecha no han podido ser subsanados (CNMH, 2013).

En 2011, tras el fallecimiento de Alfonso Cano, máximo líder de las FARC, asumió el liderazgo Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’; ante esto se inició una nueva etapa diálogos centrada en la búsqueda de una salida política al conflicto (Combita et al., 2013). El 26 de agosto del 2012 se firmó el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, logrando definir puntos en la agenda de diálogo tales como: una política de desarrollo agrario integral, la participación política, el fin del conflicto, las drogas ilícitas, el tratamiento de las víctimas, entre otros (Presta, 2018). Luego de cuatro años de negociaciones, el 26 de septiembre de 2016, se celebró una ceremonia en la que se firmó el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP (2016).

El 2 de octubre de 2016 se realizó el plebiscito, como mecanismo de refrendación de la aprobación de los acuerdos de paz, dando como resultado una respuesta negativa del pueblo colombiano, respaldada por el 50.2%. Consecuentemente, con el propósito de adelantar las negociaciones con la guerrilla, se iniciaron conversaciones en las que se incluyeron las propuestas de los partidarios del “no” en el plebiscito, en un nuevo acuerdo de paz con las FARC. Como resultado se obtuvo un documento con 57 nuevos ejes temáticos. Luego de ser anunciado el nuevo acuerdo de paz y de ser presentado al Congreso de Colombia, finalmente, el 24 de noviembre del 2016, se firmó un nuevo acuerdo el cual fue refrendado el 30 de noviembre; lo anterior con el fin de promover la paz en el territorio colombiano (Rodríguez, 2018).

Esto dio paso a la etapa de posconflicto en Colombia, a través de la cual se trazaron planes estratégicos (corto plazo) y planes de desarrollo (largo plazo) con el fin de mitigar en las comunidades y el territorio los daños, costos y consecuencias causados por el conflicto. En esta etapa se inició un proceso de rehabilitación y reconstrucción socio-territorial, el cual abordó el aspecto humano, social, político e institucional (Garzón et al., 2003). Con respecto a la rehabilitación, el gobierno colombiano contempló tres ejes de acción: seguridad, justicia y democracia, buscando garantizar los derechos de las víctimas, la seguridad ciudadana, la reducción de la pobreza, y la reconstrucción del tejido social. En este marco se determinaron estrategias como: la reintegración, la política antidrogas, la desmovilización y reinserción de combatientes, la reparación a las víctimas, la convivencia, la seguridad, y el fortalecimiento de la justicia, entre otras (Díaz, 2015).

La solución de problemas derivados del conflicto armado, como daños a infraestructura, actos de violencia, desplazamiento, apropiación ilegal de propiedades, bienes materiales y tierras y narcotráfico, han acaparado gran parte de la atención y recursos del Estado. Es por esto que, el posconflicto representa la oportunidad para que el país pueda reorientar sus esfuerzos, políticas y recursos bajo un enfoque integral y sostenible para la solución de problemas relevantes los cuales por años han quedado relegados a un segundo plano como el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, los daños a la infraestructura, los niveles de pobreza, la situación de inseguridad y las afectaciones a la economía; entre otros problemas derivados del conflicto armado que afectan el desarrollo del país (Santamaría, 2015).

El presente artículo se deriva de la investigación denominada “Incidencia de la arquitectura en la solución de los problemas de calidad de vida en el escenario de la ciudad colombiana del posconflicto. El barrio Buena Vista II cómo caso de estudio” realizada al interior del Grupo de investigación TARGET de la Universidad Francisco de Paula Santander (Colombia). Este artículo se desarrolló bajo un marco metodológico centrado en un estudio documental de corte bibliográfico, hermenéutico, descriptivo, no transversal, con un proceso de análisis de contenido compuesto por una sistematización y una selección de recursos, por medio de los cuales se dio cumplimiento a las fases de síntesis, deducción, inducción, sistematización y exposición de contenido propias de la investigación científica (Repilado, 2001).

Para su realización se recabó información referente al contexto general del conflicto armado en Colombia en sus diferentes etapas: origen, desarrollo, proceso de paz y posconflicto; el proceso de análisis de información de los textos se llevó a cabo a partir de categorías de estudio tales como: costos, daños, consecuencias y necesidades básicas insatisfechas; desde una mirada territorial y comunitaria, hecho que favoreció la generación de un marco descriptivo el cual evidenció aspectos relevantes al conflicto desde las dinámicas social, cultural y económica del territorio asociados a los hechos victimizantes y a la violación sistemática de derechos humanos en Colombia (Ayala et al., 2020).

La estructuración del artículo gira en torno a tres títulos; el primero de ellos con carácter introductorio a través del cual el lector tiene la posibilidad de referenciar aspectos históricos relevantes al conflicto armado en Colombia; en el segundo título se enfatiza en los costos, daños y consecuencias del conflicto armado desde las dimensiones objeto de estudio; en el tercer título se abordan las necesidades básicas insatisfechas de la población, entendidas como la carencia o falencia de necesidades estructurales desde la infraestructura pública, la educación, la vivienda y la salud; para finalmente, establecer las consecuencias derivadas del conflicto armado desde las dimensiones social, económica y cultural territorial.

Las fuentes de información previstas para este artículo corresponden a material bibliográfico de fuentes oficiales y primarias como el Centro Nacional de Memoria Histórica –CNMH– y la Red Nacional de Información –RNI– al servicio de las víctimas; así como el análisis de contenido previsto en bases de datos bibliográficas, repositorios, libros y artículos de investigación publicados; entre otros.

Las ciudades no han sido el escenario principal del accionar de los GAI, aun así, los efectos del conflicto no se han limitado a la población rural. El conflicto armado colombiano ha generado repercusiones no solo en sus víctimas directas, también ha afectado a comunidades, instituciones, organizaciones, e incluso, ha tenido consecuencias para la población general quien ha debido asumir los costos, daños y consecuencias, que este ha implicado para el país (Tabla 1).

Los costos económicos derivados del conflicto armado pueden clasificarse en directos o indirectos. Los directos afectan las dimensiones social y económica del territorio, se caracterizan por ser aquellos que generan daños a la infraestructura, al sector agrícola y administrativo y al incremento de la perdida de vidas; mientras que, los costos indirectos están relacionados a la dimensión social, cultural y económica del territorio, haciendo referencia a los daños asociados a la percepción de inseguridad, el desplazamiento o las movilidades humanas y los daños en el tejido y la cohesión social (Valencia, 2009).

Dentro de los costos directos, los daños referenciados a la infraestructura física se encuentran asociados a la destrucción de bienes materiales y propiedades, teniendo en cuenta que estos hechos generan inestabilidad y temor a la hora de realizar inversiones dentro del contexto nacional. Para el periodo comprendido entre 1990-2006, en promedio, los países tenían un 9% de su riqueza (sector privado) en el extranjero, mientras que en Colombia esta cifra se estableció en un 20% generando una fuga de capital y una falta de confianza en los sectores político y económico del país (Valencia, 2009). Dentro de los ejemplos que se encuentran asociados a este tipo de daños y costos se presentan la destrucción de peajes, puentes y la interrupción de vías que afecta el desarrollo de actividades económicas del país, así como los daños en su infraestructura vial. Sumado a lo anterior, es de resaltar que, Colombia presenta uno de los mayores índices de secuestro, teniendo a los secuestros con fines políticos con una representación del 0.27% del Producto Interno Bruto –PIB–, es decir, cerca de $109 519 millones en pagos de rescates y acciones preventivas por parte del Estado. Por otra parte, este tipo de hecho victimizantes, ha afectado a la población del sector privado la cual también ha sido obligada a pagar un monto permanente por su seguridad, representando una fuga económica considerable (Álvarez y Rettberg, 2008).

Asimismo, dentro de los costos, daños y consecuencias del conflicto armado colombiano se debe recordar que, sumado a lo anterior, el abigeato ha sido considerada como una de las actividades ilegales que ha generado mayores ingresos a los GAI, haciendo del sector ganadero uno de los más vulnerables; lo anterior al tener en cuenta que el robo de ganado ha representado un costo importante, con el 8.9% del PIB del sector agropecuario. Pese a que Colombia se encuentra dentro de los diez países de América Latina que invierten más recursos en defensa y seguridad nacional (6.59% del PIB), estos recursos se destinan a la defensa de la soberanía, la integridad territorial y el mantenimiento de la seguridad interna. De igual forma, el sector privado destina recursos para financiar el gasto en defensa y seguridad con el pago del impuesto de guerra, recurso que ha llegado a representar el 3.2% del PIB nacional país (Valencia, 2006).

Con relación a los costos indirectos, se debe mencionar que, el conflicto armado en Colombia ha puesto en desventaja las zonas rurales, ya que por años estas han sufrido desplazamientos y despojos de tierras, en el país cerca de 6.6 millones de hectáreas han sido despojadas a causa del conflicto armado. Estas tierras pasan a manos de grupos al margen de la ley o narcotraficantes y representan una pérdida de gran cantidad de productos que potencialmente habrían podido ser cultivados (Gómez, 2015).

En este sentido, el conflicto armado ha generado un desplazamiento de población rural, el cual ha significado un impacto negativo en la producción agropecuaria, equivalente a una reducción anual del 3.1% del PIB agropecuario y del 0.198% del PIB nacional (Gómez, 2015). Sumado a esto, se debe tener en cuenta que, el conflicto ha representado una dificultad de inversión nacional y extranjera que ha influido en las decisiones de gerentes y propietarios frente a la llegada, la permanencia o la salida del mercado de sus empresas, hechos que repercuten en la disminución del PIB o en la perpetuación del conflicto armado (Arias e Ibáñez, 2012).

Por otra parte, los costos indirectos asociados a la dimensión social derivados del conflicto armado en Colombia permiten visibilizar los daños y las consecuencias que ha sufrido la población la cual se ha tenido que enfrentar de manera directa al accionar violento de los GAI. En este sentido, los hechos victimizantes han sido la estrategia de guerra usada por los grupos al margen de la ley para generar miedo, apropiarse de recursos y tierras, generando presión sobre la población y el Estado. Una manera de visualizar la magnitud de los daños es por medio de la cuantificación de víctimas que ha dejado el conflicto armado en distintos periodos de tiempo. Un ejemplo claro de esto corresponde al periodo entre 1985 y 2013, en donde se presentaron 220 000 muertes a causa del conflicto (81% civiles, 18.5% combatientes); además de 25 007 desapariciones; 1 754 víctimas de violencia sexual; 6 421 menores reclutados por los GAI; 1 744 046 desplazados; y 10 189 víctimas de minas antipersonas (Arias et al., 2014; Camacho et al., 2014).

Otro de los costos sociales de gran impacto son las masacres, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, el secuestro y la violencia sexual. Estos hechos victimizantes han repercutido negativamente en la población civil y se han generado sistemáticamente causando daños irreparables en muchos contextos familiares. Con respecto a las masacres, es importante reseñar que este tipo de costo social y violencia es implementado con regularidad, teniendo en cuenta que instauran terror, representan destrucción física, social y simbólica, y provocan que los territorios sean despoblados. Las pérdidas humanas están acompañadas con pérdidas materiales causadas por saqueos, destrucción de bienes (viviendas y equipamientos públicos) y desplazamientos forzados. Además de actos violentos, la población es sometida a humillaciones en sitios de reunión y de valor simbólico que quedan asociados a la muerte, de esta manera se afecta el arraigo, la memoria y la identidad tanto territorial como comunitaria (CNMH, 2013).

Por otra parte, la desaparición forzada produce dentro del núcleo familiar un sufrimiento prolongado y un duelo difícil de superar. Los permanentes sentimientos de intranquilidad y nerviosismo, derivados de la falta de información sobre el estado de su familiar, la incertidumbre y el deseo por hallar respuestas, lleva a que las personas destinen esfuerzos y recursos para realizar búsquedas. Esta situación provoca que se interrumpan planes y proyectos familiares, descuidando el bienestar del resto del hogar (CNMH, 2013). A su vez, este hecho victimizaste infiere en el incremento de las movilidades humanas nacionales, bajo condicionamientos causados por la vulneración de la integridad y la seguridad (Decreto 2569, Presidencia de Colombia, 2000). En este sentido, en las ciudades el incremento de los índices de población flotante y la recepción de migrantes (nacionales) se ha convertido en una debilidad urbana, al tener en cuenta que los territorios de acogida no cuentan con las condiciones adecuadas y necesarias para la recepción y el sustento para esta nueva población, potenciado la intolerancia, la re victimización, la segregación socioeconómica y espacial, la mendicidad, la pobreza, la inseguridad, el deterioro físico, patrimonial y ambiental (Osorio-Campillo et al., 2015).

Además, se encuentran los hechos victimizantes asociados al secuestro, estando estos basados en la privación de la libertad, el aislamiento, el encierro y la violación de la intimidad, el trato cruel, la insalubridad, el deterioro de la salud, y en muchos casos, la muerte (CNMH, 2013). Para finalmente, reseñar la violencia sexual, teniendo en cuenta que esta ha sido utilizada como un arma de poder dentro del conflicto, ya que, a través de la misma, se establece autorizar, temor y control. En Colombia las mujeres y niñas se han utilizado como armas de guerra, obligándolas a prestar servicios sexuales y a ser víctimas de violaciones sexuales, agresiones físicas, verbales, torturas, agresiones grupales, entre otros actos que destruyen la integridad de la víctima (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF], Organización Internacional para las Migraciones [OIM] & Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2014).

En el esquema territorial, el conflicto armado colombiano ha generado en las comunidades daños psicosociales los cuales han afectado tanto la subjetividad individual como colectiva, dentro de las esferas personales, familiares y sociales (Toro, 2011). Todo el esquema de costos y daños directos e indirectos, hasta ahora establecidos, han traído como consecuencia daños en la salud mental de la población, repercutiendo directamente el desarrollo de la vida y las expectativas con respecto a la misma (ICBF, OIM & UNICEF, 2014). Dentro de las consecuencias asociadas a la salud mental se encuentran: la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, las afecciones del sueño, los desórdenes alimenticios, las adicciones, los problemas de concentración, la baja autoestima, el descuido y el deterioro físico, entre otros (CNMH, 2013).

Por otro lado, se debe mencionar que, como consecuencia del conflicto armado colombiano también se presentan daños psicosomáticos, representados por daños morales o emocionales que pueden desencadenar perturbaciones psíquicas. Estas pueden afectar el sentimiento de felicidad que por el contrario se convierte en sensación de amenaza, vulnerabilidad, intranquilidad y miedo; afectando el entorno familiar y desequilibrando sus dinámicas (CNMH, 2013). Dentro de la configuración territorial, el conflicto armado colombiano ha ido en detrimento de la historia, la identidad y el imaginario de las comunidades y los territorios. Esto al tener en cuenta que, el arribo de los GAI interrumpió el proceso cultural y el normal desarrollo de las actividades sociales, impactando negativamente en el tejido social y la cohesión de las poblaciones.

La guerra en Colombia ha generado una profunda ruptura comunitaria y una vulnerabilidad social, traducida en mensajes de miedo asociados a asesinatos de líderes comunitarios, así como a la reducción de la diversidad cultural, étnica y política de una comunidad; siendo esto considerado como una violación a los derechos humanos desde el enfoque de identidad cultural (Bello y Chaparro, 2010). Desde las dimensiones económica, social y cultural del territorio, dentro del conflicto armado colombiano las comunidades han debido afrontar la pérdida o destrucción de espacios de encuentro cotidiano (espacios públicos), los cuales en muchos casos representan un valor emocional o histórico para los habitantes, esto sumado a pérdidas de materiales, bienes y animales los cuales son concebidos por la población como un legado ancestral, que conlleva a pérdidas afectivas, de seguridad, de estabilidad, y a la ruptura del equilibrio con el mundo y la naturaleza (CNMH, 2013).

Las consecuencias del conflicto armado se ven reflejadas en las necesidades básicas insatisfechas de la población. Este concepto hace relación a los indicadores que están asociados a la carencia o falencia de necesidades estructurales relacionadas a la infraestructura pública, la educación, la vivienda y la salud; necesarias para el bienestar individual y de los grupos familiares. Para Latinoamerica las necesidades básicas representan un parámetro que permite la identificación de carencias en la población y la caracterización de la pobreza. Un hogar que presenta una necesidad básica insatisfecha se clasifica como un hogar en estado de pobreza, mientras que si presenta dos o más necesidades básicas insatisfechas se clasifica como un hogar en estado de miseria (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2015).

La generación sistemática de hechos victimizantes afectan tanto el normal desarrollo del territorio como a las comunidades que lo habitan, generando impactos negativos socio territoriales que evidencian e incrementan las debilidades y las problemáticas tanto sociales como de habitabilidad del contexto nacional. El desplazamiento, la pérdida de bienes y de actividades de sustento generan problemas de estabilidad económica en las familias y las comunidades (dimensión económica); asimismo la separación, la pérdida, el miedo y la sensación de inseguridad afectan las dimensiones social y cultural, lo cual incrementa en la población la vulnerabilidad e impide garantizar el goce efectivo de sus derechos como seres humanos (Garay, 2009).

Los hogares desplazados se caracterizan por la alta dependencia económica, ya que gran parte de la población desplazada es menor de 20 años, desequilibrando el segmento de la sociedad capacitado para trabajar. Sumado a esto, la alta tasa de jefatura femenina sin cónyuge en el hogar (madre cabeza de familia) hace que la carga económica recaiga sobre una sola persona. Por otro lado, la alta proporción de menores y los bajos niveles educativos dificulta el acceso al mercado laboral y, por tanto, la capacidad del hogar para generar ingresos que puedan ofrecer un nivel de subsistencia digna. De esta manera, según los indicadores previstos para el periodo entre 2007-2018 los hogares colombianos experimentaron una caída en la capacidad para acceder a bienes y servicios básicos, el 98.6% de los hogares presentó ingresos por debajo de la línea de pobreza, y el 82.6% inferiores a los de la línea de indigencia, sólo el 11% logro un ingreso igual o superior al salario mínimo (Garay, 2009).

En este sentido, la población desplazada presenta un muy bajo índice de asistencia escolar, la difícil situación económica de los hogares hace que la deserción escolar sea una alternativa, ya sea para vincular a los menores al mercado laboral o para ahorrar y así poder cubrir otras necesidades. Por otra parte, el desempeño académico de las menores víctimas de desplazamiento es insatisfactorio pues se ve afectado por aspectos como: la malnutrición, los daños psicológicos y las alteraciones del aprendizaje, como consecuencia del desplazamiento forzado (Ibáñez y Querubín, 2004).

En cuanto al acceso al servicio de la salud, la población desplazada para el periodo 2007-2018 presentó un alto grado de afiliación (93%), según cifras del DANE (2015). Esto gracias a acuerdos del Gobierno nacional que buscan garantizar la atención de la población víctima. Sin embargo, la afiliación al sistema de salud no garantiza el adecuado acceso al mismo, pues en caso de presentarse alguna enfermedad sólo un poco más de la mitad de la población desplazada llega a recibir adecuada atención profesional (Ibáñez y Querubín, 2004).

Otra necesidad básica insatisfecha corresponde al acceso a la vivienda con condiciones dignas. Esto al tener en cuenta que una vivienda se considera digna cuando cuenta con aspectos como: espacio suficiente, materiales adecuados, seguridad jurídica de la tenencia, una ubicación en zonas de bajo riesgo y servicios domiciliarios básicos. El indicador de acceso a la vivienda digna para hogares desplazados según el DANE (2015) corresponde al 19.5%, y los demás hogares presentan insatisfacción en uno o más de los aspectos mencionados.

Para las poblaciones víctimas de conflicto las condiciones de vivienda han empeorado con el desplazamiento, ya que, además del espacio insuficiente, el número de personas que habitan la unidad habitacional generan una condición de hacinamiento y los materiales de construcción no son los adecuados, predominando pisos en tierra, paredes en material de desecho o en mal estado, creando un ambiente propicio para enfermedades, proliferación de plagas, accidentes caseros y daños ante fenómenos naturales (Gaviria et al., 2005).

En los peores casos el desplazamiento deja víctimas que no logran tener acceso a una vivienda, esta parte de la población llega a vivir en cuartos, refugios, cambuches, incluso en peores condiciones de habitabilidad, teniendo en cuenta además carencias con respecto a la prestación de los servicio básicos, la relación de escala y cercanía con respecto a los equipamientos prestadores de servicios, el acceso a las rutas de movilidad y las facilidades de empleo, entre otras, siendo estos factores que inciden negativamente en la segregación socio-territorial y la informalidad (Ibáñez et al., 2014).

El conflicto armado en Colombia ha sido una problemática que por muchos años ha marcado con violencia la historia del país. Las fuerzas armadas, grupos guerrilleros y paramilitares, incluso, las redes del narcotráfico, han protagonizado una guerra interna que ha ocasionado grandes daños para la población civil, principalmente en zonas rurales del país, impactando además los contextos urbanos.

Ante esto, el gobierno colombiano ha realizado varios procesos de paz en los que diferentes grupos al margen de la ley se desmovilizaron y entregaron sus armas. El último acuerdo de paz firmado entre Colombia y uno de estos grupos fue el “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, firmado el 26 de agosto del 2012 con las FARC. Este hecho, dio paso a una etapa de posconflicto en Colombia, la cual, puede entenderse como un periodo de tiempo que da lugar a un proceso de rehabilitación y reconstrucción socio-territorial, abordando los aspectos humano, social, político e institucional que por años se han visto afectados a causa del conflicto armado.

En el país el conflicto ha generado graves repercusiones para el territorio y para las comunidades que lo habitan, sus consecuencias pueden ser entendidas desde la perspectiva de la dimensión social particular (víctimas) y general (comunidad), así como desde la dimensión económica y cultural, bajo hechos y acontecimientos que han ido en detrimento del desarrollo del país desde sus componente rurales y urbanos, evidenciado en la actualidad a partir del incremento de las debilidades sociales, económicas y culturales de sus territorios.

El enfoque territorial y comunitario del conflicto armado en Colombia deja en evidencia causas, costos y consecuencias directas o indirectas que necesitaran de acciones, planes y proyectos a largo y mediano plazo encaminados al fortalecimiento de los territorios y sus poblaciones. Esto al tener en cuenta que en más de 60 años el país ha debido afrontar un deterioro de la dimensión económica, a través de la disminución del PIB de importantes sectores económicos, en la generación de pérdidas de capital y en el aumento de los niveles de pobreza que deterioran la habitabilidad de muchos hogares en el país y, afectan el bienestar de los ciudadanos en razón de la provisión de bienes y servicios básicos.

La población víctima del conflicto armado, caracterizada en su mayoría por las condiciones de desplazamiento y la desarticulación familiar, presentan necesidades básicas insatisfechas producto de las movilidades humanas nacionales (forzadas) y de la débil planeación urbana y rural del país que traen como consecuencia altos índices de vulnerabilidad para la población. Desde esta perspectiva, la informalidad se convierte en una ruta de escape en búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida, sumado a factores como el incremento de los bajos niveles de educación, las restricciones del acceso a la salud, a los bienes y servicios y a la vivienda digna.

Con respecto a la habitabilidad quedó en evidencia que las condiciones previstas por los hogares desplazados no corresponden a las estipuladas para una vivienda digna tanto desde el plano físico (espacialidad-ubicación-cercanía a infraestructura de servicios básicos o rutas de transporte) como el material. Desde la dimensión económico en el ámbito territorial, se ha evidenciado que el conflicto armado en Colombia ha generado pérdidas y daños físicos en infraestructura requerida para el desarrollo del país, tales como puentes, vías, infraestructura de servicio básico y espacio público; entre otros. Asimismo, desde las dimensiones social y cultural quedó en evidencia que los costos, daños y consecuencias del conflicto armado en Colombia representan un rompimiento del tejido social y de la cohesión, afectando y modificando radicalmente la memoria urbana y el sentido de pertenencia y de lugar tanto de las personas como de las comunidades, quienes en su mayoría han debido salir de sus lugares de origen dejando atrás lazos familiares, proyectos de vida, costumbres e historias personales.

La perspectiva social, económica y territorial del contexto nacional también se ha visto afectada en razón del conflicto armado. Esto al tener en cuenta que el accionar violento de los GAI y el desarrollo sistemático de violaciones a los Derechos Humanos a través de hechos victimizantes como masares, desapariciones forzadas, violencia sexual, secuestros, maltratos y desplazamientos, han generado daños y consecuencias psicológicas y sociales que inciden negativamente en la reconstrucción de una nueva vida, incluso después de haber dejado de lado el entorno violento. La desconfianza, la pérdida de identidad y de arraigo minimiza la capacidad de relacionarse, dificultando el proceso de restauración del tejido social en comunidades víctimas del conflicto.

Las consecuencias del conflicto armado no solo afectan la calidad de vida de la población, también afectan el desarrollo físico-urbano-ambiental-económico del territorio. Esto al tener en cuenta que el desplazamiento es un fenómeno que altera las dinámicas urbanas; la invasión o apropiación ilegal del suelo repercute en el crecimiento desordenado y la desarticulación de la ciudad; la informalidad laboral es evidente en los espacios públicos; las nuevas interacciones sociales desencadenan choques culturales, actos de intolerancia y segregación; en los territorios aumenta la mendicidad y los índices de inseguridad; y consecuentemente, se potencia el deterioro físico, patrimonial y ambiental del territorio.

Lo anterior, evidencia que a pesar de tantos años de conflicto el territorio nacional no ha logrado establecer un plan de contingencia que fortalezca su área rural y urbana desde una mirada territorial y comunitaria, bajo un enfoque sostenible e integral, con el fin de satisfacer las necesidades básicas de la población y las derivadas de los procesos migracionales internos. Por lo tanto, aún en etapa de posconflicto la realidad nacional debe ser asumida como una oportunidad para subsanar todas las consecuencias que ha dejado tantos años de violencia en Colombia. De esta forma, el país podría reorientar sus esfuerzos y recursos en acciones que permitan el fortalecimiento de los territorios y sus poblaciones.

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Costos Derivados - Conflicto Interno					Necesidades básicas insatisfechas: Aumento de pobreza. Disminución oportunidades de progreso. Baja calidad de vida. Segregación social.
Mirada (Debilidad)	Costos	Descripción	Tipos de daño que se generan	Consecuencia
Territorio colombiano	Directos	Afectación de las dimensiones Económico-Social del territorio (Urbano- Rural)	Económico: Infraestructura (destrucción de bienes materiales y propiedades público/privado).	Deterioro del desarrollo Económico del Territorio. Fuga económica por mantenimiento de seguridad interna e integridad del territorio. Aumento de daños o perdida comunidades, núcleos poblacionales, bienes, viviendas, infraestructura; entre otros. Incremento de la percepción de inseguridad. Pago por Impuesto de guerra. Retiro de empresas por percepción de incertidumbre social y económica (nacionales e internacionales). Salida del Mercado de empresas nacionales e internacionales, generando un impacto especifico a sectores consolidados, desarrollados y emergentes del país. Incremento en las víctimas directas del conflicto (vida)
			Económico: Sector agrícola (robo de ganado, reducción de la producción).
			Económico: Sector administrativo (sobre costos económicos, alteración e impacto negativo en la eficiencia de la administración, dificultad de gestión).
			Social: (Incremento en la pérdida de vidas o desapariciones forzadas).
	Indirectos	Afectación de las dimensiones Social- cultural-Económica (Urbano- Rural)	Social: (Incremento de la inseguridad, aumento de los desplazamientos o las movilidades de la población, secuestro y violencia sexual).	Desaparición Forzada, invasión de tierras, presión sobre la población y el Estado. Daños en la Salud Mental de la Familia. Pérdida o destrucción de espacios de encuentro cotidiano o habitacional. Destrucción física (núcleo de familia), social y simbólica, el arraigo, la memoria y la identidad tanto territorial como comunitaria. La recepción de migrantes (nacionales).
			Cultural: (Daños en el tejido y la cohesión social, alteraciones en la convivencia, perdida de la memoria y la identidad).
			Económico: (Daños y deterioro de los espacio públicos o comunitarios, sobre cargo de inversión en razón del aumento de la población migrante).